La muerte de Efraín Fuerez, comunero kichwa de 47 años y padre de dos hijos, ocurrida el domingo 28 de septiembre de 2025 en Cotacachi (Imbabura), ha intensificado la tensión política y social en medio del paro nacional en Ecuador. Según reportes de organizaciones comunitarias y testimonios difundidos por la prensa, Fuerez falleció tras recibir un impacto de bala durante enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas Armadas en la zona del partidero Cotacachi–Ibarra. L
La Fiscalía General del Estado anunció que abrió de oficio una investigación previa sobre el caso. A través de un comunicado público en la red X, detalló que la indagación estará a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Legítimo de la Fuerza, con base en protocolos internacionales. El organismo explicó que esta decisión busca garantizar la objetividad del proceso y esclarecer las circunstancias de la muerte del manifestante.
La situación se volvió aún más delicada cuando comenzó a circular un video que muestra el momento en que militares amenazan y golpean a un hombre que intentaba auxiliar a Fuerez, quien yacía agonizando en el suelo. Las imágenes han generado fuerte indignación, pues evidencian no solo el estado crítico del manifestante, sino también la agresión contra la persona que buscaba ayudarlo. Consultada sobre este material, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, evitó calificar los hechos como brutalidad militar y sostuvo que corresponde a los órganos competentes evaluar si hubo o no un exceso en el accionar de las fuerzas del orden.
En sus declaraciones del 29 de septiembre, Jaramillo señaló que “los actos de violencia que provienen del dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, quien hace menos de una semana llamaba a movilizaciones y actos delincuenciales como tomarse pozos petroleros, pueden terminar derivando en hechos tan lamentables como la pérdida de un ser humano”. Además, subrayó que el Gobierno rechaza los incidentes en Cotacachi y defendió la tesis de que existen “grupos terroristas infiltrados” que buscan provocar enfrentamientos en las protestas .
El Gobierno sostiene que los militares actuaban en el marco de un convoy humanitario atacado en Imbabura. La versión oficial indica que 12 soldados resultaron heridos y 17 permanecen desaparecidos tras una emboscada. Jaramillo afirmó que los uniformados respondieron de manera progresiva frente a agresiones con bombas molotov, piedras y otros objetos. Durante la rueda de prensa, Carondelet difundió videos en los que se observa a soldados golpeados y recalcó que las Fuerzas Armadas actuaron para proteger a la población y garantizar el paso de ayuda.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y medios comunitarios contradicen esa versión. Radio Ilumán difundió el testimonio de una comunera que encontró a Fuerez herido y lo trasladó al hospital. Otros relatos aseguran que los militares dispersaron a manifestantes con gases y tanquetas –como se observa en un video de cámaras de seguridad–, y que incluso hicieron uso de armas de fuego contra la población.
El contraste entre las narrativas del Gobierno y las denuncias ciudadanas alimenta el clima de polarización. Para amplios sectores sociales, la apertura de la investigación fiscal es un paso crucial para determinar responsabilidades. El examen pericial de los proyectiles, las autopsias y los análisis balísticos serán determinantes para aclarar si el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas se ajustó a la ley o si hubo un exceso que derivó en la muerte de Fuerez.
Este caso se inscribe en un contexto de movilización nacional provocado por la eliminación de un subsidio al diésel, que elevó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 dólares. La medida, anunciada el 12 de septiembre, generó rechazo inmediato entre transportistas, organizaciones indígenas y sectores productivos. Las protestas, que inicialmente se desarrollaron en varias provincias, se han concentrado en Imbabura, donde la confrontación con las fuerzas estatales alcanzó su punto más crítico con la muerte de Fuerez.
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