La defensa de Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil el fin de su prisión domiciliaria y de todas las medidas cautelares

Los abogados defensores del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro solicitaron este martes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la revocación de su prisión domiciliaria y las medidas cautelares impuestas en el marco de la causa por intento de obstrucción a la Justicia.

La petición fue presentada formalmente mientras el ex mandatario permanece bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto y luego de ser diagnosticado con cáncer de piel en fase inicial.

En la comunicación, el equipo legal exigió al STF la “revocación de las medidas cautelares”, incluyendo la prisión domiciliaria. De acuerdo con la documentación oficial, las limitaciones iniciales establecían la utilización de tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y acercarse a embajadas, además de la obligación de pasar la noche y los fines de semana en su domicilio.

La investigación surgió a raíz de las denuncias por presuntas maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex mandatario, orientadas a que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones a Brasil con el fin de respaldar a su padre.

Este expediente constituye un capítulo separado del juicio principal por el que Bolsonaro recibió una condena de 27 años y tres meses de prisión, acusado de encabezar un golpe de Estado junto a ex ministros y altos militares tras la derrota electoral de 2022.

Hasta el momento, la Policía Federal presentó cargos contra Bolsonaro, aunque la Fiscalía solo formalizó acusaciones contra Eduardo Bolsonaro y el bloguero Paulo Figueiredo.

“Como el ex mandatario no fue acusado por el Ministerio Público, se elimina la necesidad de cualquier medida cautelar”, marcó Paulo Cunha Bueno, abogado del ex presidente, en sus redes sociales. “Sin acción penal, las medidas cautelares se convertirán en un fin en sí mismas y no habrá forma de mantenerlas legalmente, por lo que la defensa espera su pronta revocación”, argumentó.

La Fiscalía de Brasil presentó el pasado lunes la denuncia penal ante la Corte Suprema contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, por el delito de coacción a la Justicia.

El Ministerio Público sostiene que el legislador intentó influir en el juicio por golpismo en el que su papá resultó condenado a 27 años de prisión. En la denuncia, la Fiscalía también incluyó al bloguero y periodista Paulo Figueiredo, nieto del general retirado João Figueiredo, quien presidió Brasil durante la fase final del régimen militar.

Ambos están acusados de respaldar y participar en las acciones dirigidas a presionar a las autoridades judiciales brasileñas utilizando la intervención de gobiernos extranjeros.

Según el fiscal general Paulo Gonet, “los acusados incurrieron en el crimen de coacción a la Justicia, ”que consiste en el uso de violencia o de grave amenaza para favorecer interés propio o de terceros contra la autoridad, parte o cualquier persona llamada a intervenir en un proceso judicial”.

Las autoridades detallaron que las gestiones internacionales encabezadas por Eduardo Bolsonaro y respaldadas por Paulo Figueiredo buscaban incidir directamente en el desenlace judicial de Jair Bolsonaro.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, rechazó este martes la designación del diputado como líder de la minoría parlamentaria, lo que podría derivar en la pérdida de su mandato legislativo.

Según la resolución de Motta, la ausencia física del legislador elimina la posibilidad de ejercer de manera adecuada las funciones inherentes al liderazgo de la minoría.

Esta decisión abre la puerta a la evaluación de posibles sanciones disciplinarias, incluida la destitución del escaño, debido a la acumulación de faltas no justificadas por parte del diputado.

Cabe recodar que el hijo de Jair Bolsonaro, se mudó a Estados Unidos en marzo con el presunto propósito de persuadir al Gobierno estadounidense para que impusiera sanciones a Brasil. La maniobra del Partido Liberal buscaba mantener al diputado al frente de la bancada para que evitara el registro obligatorio de asistencia en el plenario.

(Con información de EFE)