La Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite la evaluación sobre la legalidad del referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para convocar a una Asamblea Constituyente. Con esta decisión, el máximo tribunal del país abrió el proceso de control constitucional de la propuesta, en un contexto de marcada confrontación entre el Ejecutivo y la propia Corte.
El tribunal determinó que la vía escogida por Noboa es la correcta para redactar una nueva Constitución. Con ello, se dio paso al análisis formal de los considerandos, de la pregunta planteada y del estatuto que regiría la elección, instalación y funcionamiento de la eventual Asamblea Constituyente. Este procedimiento se fundamenta en un decreto presidencial, el segundo emitido en pocos meses sobre el mismo tema, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
El dictamen preliminar, remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE), establece que la Asamblea Constituyente tendría la potestad exclusiva de elaborar y aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá someterse posteriormente a referendo. Al mismo tiempo, la Corte recordó que el trabajo de la Constituyente debe respetar los límites materiales del poder constituyente, entre ellos el reconocimiento de la dignidad humana, la observancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el cumplimiento de las normas imperativas del derecho internacional.
En su resolución, la Corte también advirtió al presidente que toda iniciativa para convocar a una Asamblea Constituyente requiere, de manera previa y obligatoria, la presentación de una solicitud debidamente motivada ante el tribunal.
Este recordatorio respondió a la controversia generada cuando Noboa convocó directamente, por decreto, a un referendo para consultar a la ciudadanía sobre la instauración de la Constituyente, con el propósito de reemplazar la Carta Magna vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017), sin contar previamente con el aval del alto tribunal.
La convocatoria presidencial desató una serie de acciones legales y administrativas. Los jueces constitucionales admitieron a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad y suspendieron temporalmente los efectos del decreto. En paralelo, el pleno del CNE declaró el inicio del periodo electoral del referendo, pero evitó pronunciarse sobre la pregunta relacionada con la Constituyente. Posteriormente, Noboa derogó el decreto suspendido y emitió uno nuevo con el mismo contenido, en un intento de que el CNE procesara la propuesta sin esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El CNE, tras reinstalar sus sesiones, resolvió enviar nuevamente la pregunta al alto tribunal y pidió a los magistrados que emitan un dictamen con la mayor celeridad posible. Actualmente, el organismo electoral permanece a la espera de la decisión de la Corte para poder incluir la consulta en el referendo previsto para el 16 de noviembre. Hasta el momento, solo dos preguntas han recibido el visto bueno para esa jornada: una sobre la reinstalación de bases militares extranjeras y otra sobre la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas.
La instauración de una Asamblea Constituyente fue una de las principales banderas de campaña de Daniel Noboa, quien tras asumir la presidencia en 2023 logró su reelección para el periodo 2025-2029. Sin embargo, la iniciativa se desarrolla en medio de una relación cada vez más tensa entre el mandatario y la Corte Constitucional. Desde el inicio de su gobierno, Noboa ha acusado al tribunal de ser “enemigo de la ciudadanía”, luego de que limitara varias leyes y estados de excepción promovidos por el Ejecutivo en los últimos meses.
En este clima de confrontación, el alto tribunal ha rechazado cuatro de las preguntas propuestas por Noboa para el referendo, lo que motivó al presidente a encabezar dos marchas masivas en Quito y Guayaquil en protesta contra los magistrados.
(Con información de EFE)
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