La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció un paro nacional de carácter inmediato e indefinido en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. La medida fue adoptada en el marco de una asamblea extraordinaria realizada en Riobamba, con la participación de las tres organizaciones regionales que integran la Conaie: Ecuarunari (Sierra), Confeniae (Amazonía) y Conaice (Costa).
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, calificó al decreto como un atentado contra los sectores más empobrecidos del país y señaló que la decisión gubernamental fue tomada sin diálogo ni consulta previa. Según Vargas, la medida representa “la profundización del paquetazo neoliberal” y advirtió que sus efectos impactarán gravemente en el costo de la vida, especialmente en la canasta básica, debido al alza inmediata del precio del diésel, que subió a USD 2,80 por galón.
Además de la derogatoria del decreto, la Conaie exige la revocatoria de licencias ambientales a tres proyectos mineros, el cese de políticas extractivistas, el fortalecimiento de la salud y la educación públicas, y la eliminación de lo que califican como abandono estatal en comunidades rurales e indígenas. En su comunicado, difundido en redes sociales, la organización sostiene que “la Conaie se levanta por la vida y los derechos”, y advierte que las acciones se ejecutarán desde los territorios, sin precisar si se prevé una movilización hacia Quito como ocurrió en 2022.
Frente a este anuncio, el Gobierno ecuatoriano respondió con un firme pronunciamiento. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo ratificó que el país es un Estado indivisible y advirtió que ningún grupo u organización puede imponer su voluntad por medio de la violencia o el bloqueo de servicios públicos. En ese sentido, Noboa decretó estado de excepción en siete provincias —Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Carchi, Azuay y Pichincha— y estableció toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00 en al menos cinco de ellas.
El Gobierno advirtió que quienes incurran en actos de terrorismo, violencia organizada o bloqueos ilegales serán sancionados conforme a la ley. “Esto no es represión: es cumplir la ley. Nadie está por encima de la ley”, señala el comunicado oficial, en el que se ratifica que el Estado no negociará la eliminación del subsidio ni aceptará imposiciones fuera del marco legal.
La administración de Noboa justifica la eliminación del subsidio al diésel como una medida necesaria para liberar aproximadamente USD 1.100 millones del presupuesto nacional, que serían redirigidos hacia programas sociales como el Bono Raíces y la entrega de maquinaria agrícola. El Ejecutivo sostiene que esta redistribución de recursos prioriza a los sectores más vulnerables y que ha sido respaldada por decisiones técnicas y económicas.
El presidente también denunció que “actores políticos buscan sembrar dudas” sobre su mandato, obtenido en las urnas mediante una victoria clara en primera y segunda vuelta. Afirmó que quienes intentan imponer condiciones mediante bloqueos están desconociendo la voluntad popular y recordó que el actual Gobierno tiene legitimidad democrática.
Pese al llamado a la movilización, hasta la mañana del 19 de septiembre no se habían reportado cierres viales ni protestas masivas en el país. Algunas organizaciones, como el Movimiento Campesino de Cotopaxi (MICC), han anticipado que sus acciones iniciarán después del domingo 21 de septiembre, lo que sugiere una estrategia escalonada de movilización territorial.
La tensión entre el Gobierno y el movimiento indígena se suma a un historial reciente de confrontaciones similares durante las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ambos obligados a suspender sus intentos de reducir subsidios a los combustibles en respuesta a protestas lideradas por la Conaie. A diferencia de esos episodios, Noboa ha dejado claro que esta vez no retrocederá, marcando una línea de firmeza inédita frente a una de las organizaciones sociales más influyentes del país.
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