Cuba enfrenta un nuevo ciclo de descontento social, esta vez en la ciudad oriental de Gibara, donde las fuerzas de seguridad del régimen castrista detuvieron al menos a siete personas tras una protesta espontánea contra los prolongados apagones que azotan a la isla.
Los arrestos, denunciados por vecinos y documentados por el portal independiente 14ymedio, reflejan el creciente hartazgo ciudadano frente a la crisis energética y la respuesta represiva de la dictadura cubana.
Los detenidos habrían sido trasladados a la estación local, aunque sus paraderos exactos siguen sin aclararse.
Las manifestaciones se produjeron el sábado por la noche. Decenas de habitantes salieron a la calle con gritos como “Pongan la corriente, pinga” y “Díaz-Canel, singao”. Otros coreaban “El pueblo unido jamás será vencido”, consignas que evocan las masivas protestas del 11 de julio de 2021, reprimidas con cientos de encarcelamientos.
Un residente en Holguín, que pidió anonimato por temor a represalias, dijo al medio independiente: “La gente de Gibara solo salió a reclamar sus derechos, pero la Policía los está deteniendo”. Otro testigo agregó que “esto está plagado de policías y agentes de la Seguridad”, pese a rumores de la presencia de fuerzas especiales conocidas como boinas negras.
La reacción oficial contrastó con los reportes ciudadanos. El medio local Gibaravisión aseguró que un “grupo de pobladores… salieron de las viviendas para expresar sus inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”. El medio afirmó que “todo transcurrió sobre la base de la empatía y el respeto” y que los vecinos “volvieron a sus casas y el ambiente del poblado era tranquilo”.
En Facebook, la secretaria municipal del Partido Comunista, Nayla Marieta Leyva Rodríguez, intentó reforzar ese discurso: “Confiemos en la tremenda Revolución que tenemos, que jamás abandona a sus hijos y guapea en la búsqueda de sus soluciones”. El contraste entre el relato oficial y los testimonios ciudadanos marca un patrón habitual en la gestión del régimen frente a protestas.
Las tensiones se intensificaron después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado 10 de septiembre, que dejó a gran parte del país sin servicio. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del occidente cubano, salió de operaciones de forma “inesperada”, según la dictadura, y aún se investigan las causas.

EFE confirmó que la Unión Eléctrica (UNE) prevé este domingo cortes que afectarán a la mitad del país en el horario de mayor consumo. El déficit estimado supera los 1.700 megavatios frente a una demanda de 3.500. Siete de las 20 unidades térmicas están fuera de servicio y 42 centrales distribuidas permanecen paralizadas por falta de combustible.
Los apagones, que en varias provincias alcanzan hasta 20 horas diarias, golpean la vida cotidiana, la actividad productiva y el frágil tejido social. La Habana llega a registrar cortes de 16 horas, según datos oficiales. La crisis se agrava por la falta de divisas para importar combustible y el deterioro crónico de las plantas termoeléctricas, muchas con más de 40 años de explotación sin inversiones de envergadura.
La dictadura cubana atribuye parte del problema al embargo estadounidense y denuncia una “asfixia energética”. Sin embargo, expertos apuntan a la infrafinanciación estructural del sistema eléctrico, controlado por el Estado desde 1959. Estudios estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su infraestructura, una cifra inalcanzable para una economía que se contrajo 1,1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años, según la CEPAL.
El malestar social por los apagones ha sido catalizador de protestas recurrentes en el último año. En agosto, otro estallido se registró en Cajimaya, también en Holguín, cuando vecinos exigieron agua y alimentos. En aquel episodio la policía detuvo a varios manifestantes, lo que refuerza el patrón represivo.
Analistas advierten que la combinación de apagones masivos, inflación y escasez de bienes básicos está creando un cóctel de inestabilidad política en la isla. Las imágenes de ciudadanos gritando insultos contra el dictador Miguel Díaz-Canel en plena calle muestran un nivel de desafío inusual en un país donde la represión y el miedo han sido por décadas los principales frenos a la protesta pública.
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