Nuevo récord de presos políticos en Cuba: “Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo”

“Cada mes que pasa, el régimen cubano se torna más represivo”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae, tras presentar el último informe de la ONG, que contabilizó 1.185 presos políticos en la isla.

Según el titular de la organización, las cifras de personas encarceladas por motivaciones políticas en Cuba muestran un alarmante crecimiento. “A pesar del número altísimo de presos políticos, las liberaciones por cumplimiento no llegan al altísimo número de nuevos presos políticos y de conciencia cada mes”, señaló.

El activista agregó que, desde hace dos años, la mayoría de los detenidos en la isla “son casi todos simples ciudadanos. Ni políticos ni activistas. Ciudadanos corrientes que protestan”, describió.

Las declaraciones de Larrondo llegan tras la publicación del informe mensual de Prisoners Defenders correspondiente a agosto, donde se destaca que la represión política sigue en aumento. La organización identificó la incorporación de 13 nuevos casos ese mes. En palabras del presidente de la ONG, “desde julio de 2021, ya son 1.735 los nuevos ciudadanos inocentes ingresados en prisión. Simples vecinos pacíficos que no tienen ni el derecho a la queja por la desastrosa gestión del país”.

El documento detalla que las detenciones superan ampliamente al número de liberaciones, consolidando una tendencia donde el flujo de nuevos presos nunca se compensa con excarcelaciones. 33 de los prisioneros políticos registrados en agosto son menores, de los cuales 30 cumplen sentencia y tres transitan procesos penales sin tutela judicial. Además, “122 mujeres aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia”, destacó Larrondo en diálogo con este medio.

La lista de Prisoners Defenders dio cuenta de solo cuatro personas que salieron del registro de presos políticos: tres completaron sus sentencias y una, Aymara Nieto Muñoz, fue excarcelada tras aceptar el destierro forzoso. Larrondo explicó que la activista fue “trasladada directamente desde una prisión de trabajos forzados a las afueras de La Habana hasta el aeropuerto, sin permitirle comunicarse con sus allegados y expatriada a la República Dominicana”. Nieto Muñoz tuvo que dejar en la isla a su hija mayor, las autoridades le impidieron la última visita penitenciaria y no pudieron despedirse.

De acuerdo con la ONG, la represión en Cuba no distingue entre ciudadanos comunes, manifestantes o activistas. El informe precisa que “la causa más habitualmente elegida por las autoridades cubanas para privar la libertad de miles de personas cada año” es el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente.

Casos como el de Adrián González Pérez, trabajador independiente de Guantánamo, y Leonardo Maleta Veranes, joven huérfano de Santiago de Cuba, ilustran el empleo sistemático de la fabricación de cargos y la aplicación de condenas severas para disuadir la protesta. González permanece privado de libertad tras protestar por una multa considerada arbitraria y padece una situación de vulnerabilidad agravada por problemas de salud mental. Maleta Veranes fue arrestado tras escribir consignas en una escuela y se encuentra aislado en un centro denunciado por torturas, sin familiares que puedan movilizar su defensa.

El mecanismo de represión también incluye la criminalización de la migración. Dos ciudadanos, Erisbel Álvarez Yanes y Yosbel Carbajal de la Paz, fueron sentenciados a 10 años de prisión por “Tráfico de personas” tras haber sido interceptados cuando intentaban regresar a la isla desde Estados Unidos. Las irregularidades en sus procesos, como la falta de defensa y la manipulación de pruebas, evidencian demoras y arbitrariedades en el aparato judicial cubano, según indica el documento.

En diversos puntos del país, se documentaron golpizas, torturas y prácticas de represión en los centros penitenciarios. Siete manifestantes siguen en prisión en la cárcel de máxima seguridad Las Mangas Nuevas, Bayamo, tras participar en protestas en Santiago de Cuba, Jiguaní y Bayamo. Entre ellos, Alexander Guzmán Silva denunció violencia por parte de agentes penitenciarios luego de exigir una visita familiar y reclamó amenazas de ser dejado indefinidamente en prisión.

Las estadísticas incluidas en el informe reflejan el impacto de la persecución política: de los 1.185 prisioneros políticos censados, 472 presentan patologías médicas graves y 41 sufren trastornos mentales sin acceso a tratamientos.

“Hemos verificado 41 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”, aseguró Larrondo, quien también informó sobre la falta de alimentación y atención en los centros de detención.

La represión se evidencia además en la situación de los procesados en Encrucijada, Villa Clara. La fiscalía solicitó condenas de hasta nueve años de cárcel para seis personas acusadas de “Desórdenes públicos” por participar en una protesta por falta de electricidad. Entre ellos figura José Gabriel Barrenechea Chávez, escritor y periodista independiente, para quien la acusación se sustenta en expresiones en redes sociales y en el alcance mediático de la protesta.

Para la organización, el sistema judicial sigue funcionando como una herramienta de represión y control social, y cada mes entrega su lista de presos políticos a organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación. “El enemigo causante de toda la barbarie de miseria y represión, el pueblo cubano lo tiene dentro, y está en el poder”, concluyó Larrondo.