Uruguay analiza un impuesto a los depósitos e inversiones en el extranjero de sus residentes: la medida beneficiaría a Paraguay

El gobierno de Uruguay estudia incluir en el próximo proyecto de ley de Presupuesto un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior realizados por sus residentes, lo que ha generado alerta en los sectores político, económico y financiero. La propuesta impactaría sobre un capital estimado en 62.000 millones de dólares, equivalente a cerca del 79% del Producto Interno Bruto uruguayo en 2023, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La modificación considerada por el equipo económico, encabezado por Gabriel Oddone, busca ampliar el actual alcance del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que desde la reforma tributaria de 2007 no grava las ganancias de capital generadas fuera del país por residentes uruguayos. Actualmente solo los intereses provenientes de depósitos en el exterior tributan IRPF, mientras que valoraciones, incrementos patrimoniales o rentas inmobiliarias quedan exentos.

El debate se intensificó tras la confirmación, divulgada por el semanario Búsqueda, de que el gobierno baraja incorporar la medida en la ley presupuestal que debe presentarse antes de fin de mes al Parlamento, en el marco de las primeras definiciones de la administración de Yamandú Orsi. El oficialismo considera que esta estrategia daría mayor posibilidad de aprobación parlamentaria teniendo en cuenta la resistencia que suele generar el tratamiento autónomo de cambios impositivos.

Sectores sindicales, como el PIT-CNT, llevan tiempo reclamando un mayor gravamen a los patrimonios elevados, específicamente al 1% más rico del país. El Frente Amplio, hoy en el gobierno, ya había considerado iniciativas similares, como el impuesto transitorio propuesto por el exministro Danilo Astori en 2021, que sugería una tasa del 2% sobre depósitos en el exterior durante la pandemia. Diversos legisladores y dirigentes sindicales sostienen que el cambio permitiría dotar al sistema impositivo de mayor progresividad y destinar recursos a políticas prioritarias, como las enfocadas en primera infancia.

Por su parte, representantes del sector financiero y empresarial expresaron preocupación sobre el posible efecto expulsivo de capitales y advertencias sobre la previsibilidad tributaria. El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, Pablo Montaldo, explicó ante Canal 12 que la decisión podría incentivar el traslado de inversiones a jurisdicciones extranjeras, dificultando la fiscalización fiscal y generando eventuales desincentivos a mantener grandes patrimonios en el país. El diputado Diego Echeverría advirtió que la sola discusión del impuesto representa “un golpe” a la certeza para quienes eligieron radicarse en lugares como Maldonado, y alertó sobre el posible efecto de pérdida de credibilidad y de empleo local al equiparar la medida con políticas tributarias de países vecinos.

El economista Aldo Lema opinó en la red social X que la propuesta parece orientarse a aplicar el IRPF a las ganancias de capital en inversiones en el exterior de los residentes uruguayos, pero consideró que su impacto recaudatorio sería “marginal”. Lema fundamentó que la mayoría de estas inversiones son depósitos cuyos intereses ya tributan, por lo que la eventual extensión del impuesto a ganancias de capital de otros instrumentos como acciones, fondos o criptomonedas, apenas ampliaría la recaudación estatal. Lema también señaló la existencia de interrogantes respecto al tratamiento futuro de la “ventana de excepción tributaria” que exime a extranjeros que trasladaron su residencia fiscal a Uruguay durante diez años.

La economista Deby Eilender, vinculada al Centro de Estudios para el Desarrollo, sostuvo que los bajos niveles de ahorro y la escasa canalización de estos fondos hacia la inversión son problemas persistentes en el país. Eilender advirtió que ampliar el IRPF para gravar ganancias de capital en el exterior generaría un desincentivo adicional, dadas las dificultades actuales para que el ahorro doméstico se transforme en inversión.

En el plano técnico-tributario, especialistas como Juan Bonet, del Estudio Bragard, subrayan que aún no están gravados los incrementos patrimoniales ni el patrimonio en el extranjero, a diferencia de los rendimientos de intereses y dividendos que ya tributan desde 2011. Bonet considera clave definir si la medida se orientará solo a ganancias de capital o también a modificar el impuesto al patrimonio, y advierte que podría cambiar la estrategia de residentes extranjeros de alto poder adquisitivo que han radicado capitales en Uruguay atraídos por la estabilidad y previsibilidad tributaria.

Mientras Uruguay evalúa endurecer el régimen impositivo sobre inversiones externas, Paraguay se consolida como posible destino alternativo de capitales regionales, dadas sus condiciones favorables en materia de impuestos (“el triple 10”), estabilidad jurídica y programas como el régimen de maquila que permiten tasas reducidas y facilidad de acceso a otros mercados. Empresas y patrimonios, especialmente argentinos, han migrado hacia Paraguay ante la presión fiscal percibida en otros países sudamericanos, buscando beneficiarse de su baja carga tributaria y marco institucional estable.

El contexto internacional también ha transformado la capacidad de fiscalización de los Estados. Con los avances en el intercambio automático de información financiera bajo los estándares de la OCDE y acuerdos entre países como el recientemente firmado entre Uruguay y Estados Unidos, las autoridades uruguayas tienen mayor acceso a datos sobre cuentas y movimientos de los residentes fiscales en el exterior, lo que habilita instrumentar medidas orientadas al principio de renta mundial, ya aplicado en la mayoría de las jurisdicciones avanzadas, a diferencia del esquema territorial que aún subsiste en algunos países latinoamericanos, como Paraguay y Panamá.

En las próximas semanas, el gobierno uruguayo presentará el mensaje presupuestal y la discusión seguirá abierta con actores económicos, bancarios y políticos, quienes analizan sus posibles efectos sobre la competitividad, probabilidades de recaudación efectiva y la ubicación regional de los capitales pertenecientes a residentes del país.