Un tribunal de Bolivia ordenó este martes levantar la medida de prisión preventiva impuesta a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por su implicación en la crisis política de 2019, según informaron sus abogados y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El fallo otorga arresto domiciliario a Camacho, gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, y “libertad pura y simple” para Pumari, ex líder cívico de Potosí, quien estuvo encarcelado desde 2021 y podría abandonar la prisión en las próximas horas.
El abogado Diego Gutiérrez, defensor de Pumari, explicó que el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso su inmediata liberación. Gutiérrez confirmó que se espera el mandamiento de libertad este miércoles, tras cumplir con los trámites administrativos necesarios en Potosí.
Por su parte, la defensa de Camacho especificó que la detención domiciliaria responde al llamado caso ‘golpe de Estado I’, relacionado con los sucesos que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. El abogado Martín Camacho afirmó a medios locales que el político queda “libre” en este caso, aunque permanece bajo investigación en otros procesos judiciales.
El TSJ detalló en un comunicado que las condiciones impuestas a Camacho incluyen arresto domiciliario con salidas laborales, restricción de movimiento fuera de su región y fianza de 100.000 bolivianos (unos 14.300 dólares o 12.284 euros). Camacho deberá además presentarse cada quince días ante la Fiscalía.
El caso ‘golpe de Estado I’ surgió a raíz de una denuncia presentada en 2020 por una ex diputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que acusó a los ahora ex cívicos de liderar las protestas postelectorales en 2019. El Gobierno de Luis Arce y el MAS califican la renuncia de Morales de “golpe de Estado”, una versión que rechazan los opositores, quienes argumentan que las movilizaciones respondieron a un presunto fraude electoral en los comicios anulados de ese año.
En el desarrollo del juicio, Jeanine Áñez, ex presidenta interina, figuraba como “cómplice” en el proceso, pero en 2024 fue apartada al comprobarse que ya había sido juzgada y sentenciada en otro caso, denominado ‘golpe de Estado II’, por el que recibió diez años de prisión, sentencia ratificada en 2023.
En la víspera, un tribunal de La Paz anuló uno de los procesos ordinarios contra Áñez y solicitó que enfrente un juicio de responsabilidades en el caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante los disturbios en El Alto en 2019. La corte emitió también un mandamiento de libertad para Áñez, aunque la ex mandataria debe cumplir una serie de trámites legales antes de quedar en libertad mientras espera el nuevo proceso.
Las recientes decisiones judiciales han reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial y el tratamiento de los procesos vinculados a la crisis política de 2019, circunstancia que sigue provocando división en el país.
(Con información de EFE)
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