La sinagoga Bicur Jolim, la más antigua de Santiago, volvió a ser vandalizada el pasado sábado durante la celebración de Shabat. Es la cuarta vez que el templo, fundado en 1906 en el corazón de la capital chilena, sufre un ataque en los últimos años. Según los fieles presentes, el hecho ocurrió mientras se desarrollaban oraciones en su interior, lo que intensificó la sensación de vulnerabilidad entre los asistentes.
El ataque no es un caso aislado. En los últimos meses, templos judíos en Viña del Mar, Valdivia, Temuco y Concepción también fueron objeto de actos de vandalismo. Los incidentes, que incluyen pintadas ofensivas y amenazas, han encendido las alarmas de las organizaciones comunitarias y de observadores internacionales de derechos humanos.
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La preocupación no es nueva. En 2022, Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, advirtió durante una visita a la región que “la comunidad judía local se siente muy presionada”. La diplomática destacó la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos adoptaran políticas activas frente a una amenaza que se ha intensificado tras la guerra entre Israel y Hamas en octubre de 2023.
Ese mismo año, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre libertad de religión o creencias, Nazila Ghanea, remitió una comunicación oficial al presidente Gabriel Boric alertando sobre un “posible aumento de hostigamientos, amenazas y vandalismo contra la comunidad judía en Chile” y advirtiendo del riesgo de “impunidad si no hay acción estatal”.
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La advertencia fue tomada en cuenta, aunque con matices. En respuesta a Naciones Unidas, el Gobierno chileno subrayó que condena “categóricamente el antisemitismo y toda forma de discriminación racial, étnica o religiosa”, pero al mismo tiempo enfatizó la necesidad de “distinguir entre críticas legítimas al gobierno de Israel y actos de odio contra personas judías”.
El propio presidente Boric, en su discurso ante el Congreso el 1 de junio de 2025, intentó marcar esa línea. “Los invito a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel”, dijo, para luego añadir: “Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamas y exigimos la liberación de los rehenes”.
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Sin embargo, líderes comunitarios insisten en que esa distinción no ha impedido la inacción en el plano interno. “Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el antisemitismo se transformó en una emergencia global. Pero lamentablemente vemos cierta invisibilización y negación de esta realidad por parte de las autoridades en nuestro país”, señaló Gabriel Silber, vocero de la Comunidad Judía de Chile. “Acá el móvil de los ataques no es Israel sino los chilenos que sufren el odio y la constante estigmatización por el solo hecho de ser judíos”.
Los datos respaldan la percepción de un deterioro. El Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2025 registró un incremento de contenidos antisemitas en redes sociales, así como discursos de odio en protestas y profanaciones de sinagogas. Estos episodios se enmarcan en una tendencia global: según la Liga Antidifamación (ADL), 2023 fue el año con más incidentes antisemitas en EEUU desde que la organización lleva registros.
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En Chile, el Ministerio Público abrió investigaciones en varias regiones tras las denuncias de ataques a sinagogas. En el caso de un ataque anterior contra Bicur Jolim en Santiago, la investigación fue cerrada por “falta de evidencia útil” para formular una acusación. La decisión generó malestar en la comunidad judía, que había solicitado la reapertura, petición rechazada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Para responder a la presión, en abril de este año la Fiscalía designó a un fiscal coordinador para centralizar las causas relacionadas con delitos contra lugares de culto judíos. Sin embargo, dirigentes comunitarios consideran que las medidas son insuficientes frente a lo que describen como un “patrón” de hostigamiento.
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El antisemitismo en América Latina tiene un trasfondo complejo. En países como Argentina y Brasil, donde residen las comunidades judías más grandes de la región, se han registrado también ataques a templos y cementerios en los últimos años. Organismos como la OEA han advertido que la difusión de teorías conspirativas en redes sociales ha amplificado la hostilidad contra minorías religiosas, incluyendo judíos y musulmanes.
En Chile, donde la comunidad judía ronda las 18.000 personas, según estimaciones del Congreso Judío Latinoamericano, la sensación de inseguridad contrasta con el papel histórico que los judíos han desempeñado en la vida cultural y económica del país. La sinagoga Bicur Jolim, ubicada en el centro de Santiago, es parte de ese legado: fue fundada por inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este a principios del siglo XX.
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Mientras Chile copatrocina resoluciones contra el antisemitismo en foros multilaterales, en el plano interno la percepción es distinta. “No vemos real preocupación en la postura del Estado chileno frente al tema”, concluyó Silber.
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