La Contraloría General del Estado notificó a la Corte Constitucional (CC) el inicio de un examen especial sobre la administración de talento humano y el pago de nómina correspondientes al período comprendido entre junio de 2021 y julio de 2025. El control incluye la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la gestión del personal y la comprobación de la propiedad y veracidad de los gastos relacionados con remuneraciones.
De acuerdo con el oficio, además de los aspectos salariales, la Contraloría solicitó documentación que respalde el proceso mediante el cual fueron designados los jueces constitucionales en los procesos de renovación de 2022 y 2025. Estos informes incluyen los nombres, remuneraciones, nombramientos y escalas salariales de jueces, presidente, vicepresidente y demás funcionarios de la institución, así como los informes de concursos de méritos y oposición, procesos de vinculación, desvinculación y jubilación, lo que en total suma 17 requerimientos de información.
La entidad de control subrayó que esta acción está contemplada dentro del Plan Anual de Control y se trata de un procedimiento de rutina. “El componente de Talento Humano se revisa de manera periódica dentro del ámbito de administración pública. En este sentido, reitero que es una acción de control del programa y de rutina”, informó la Contraloría a Ecuavisa, descartando que exista un trasfondo político en la decisión.
Sin embargo, el contexto en el que se produce esta auditoría ha despertado suspicacias. La Corte Constitucional tramita actualmente decenas de demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa, varias de cuyas disposiciones fueron suspendidas de forma temporal por el máximo tribunal. Además, en agosto, el Gobierno ordenó a la Corte desalojar el edificio en el que operan sus nueve magistrados en Quito, aunque poco después se retractó de esa disposición.
El episodio se sumó a la marcha convocada por el propio mandatario el 12 de agosto, en la que junto a ministros de Estado y simpatizantes cuestionó públicamente el trabajo de los jueces. En esa movilización se colocaron gigantografías con los rostros de los magistrados, lo que generó un ambiente de fuerte presión institucional.
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte ha estado marcada por una serie de desencuentros en torno a la constitucionalidad de leyes y reformas promovidas por el Gobierno. En paralelo, desde el Ministerio de Energía y Minas se notificó a la Corte el fin del convenio que le permitía ocupar sus oficinas en el edificio Tamagar, ubicado en el sector de La Mariscal, en Quito. La orden inicial establecía un mes de plazo para desocupar el inmueble, aunque posteriormente se dejó sin efecto la decisión.
En este escenario, la auditoría anunciada por la Contraloría ha sido percibida por sectores políticos y en redes sociales como un movimiento que podría interpretarse como parte de la presión al máximo órgano de interpretación constitucional. No obstante, la entidad de control insiste en que su examen es técnico, rutinario y programado con antelación. Según la institución, estas revisiones forman parte del proceso regular de vigilancia sobre el manejo de recursos humanos y financieros en las instituciones públicas y no responden a coyunturas específicas.
Actualmente, la Corte Constitucional cuenta con 283 funcionarios y en 2024 manejó un presupuesto superior a los USD 10,7 millones. El informe de la Contraloría, que deberá elaborarse tras el levantamiento de información y verificación de documentos, determinará si existieron o no irregularidades en la gestión administrativa y financiera del organismo durante los últimos cuatro años. Mientras tanto, la auditoría se desarrolla en medio de un complejo pulso político que involucra al Gobierno y al máximo tribunal del país, lo que alimenta las interpretaciones sobre el alcance real de esta acción de control.
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