Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de la Corte Constitucional, pero dejó sin efecto la medida

La controversia entre el Gobierno y la Corte Constitucional (CC) alcanzó un nuevo nivel tras conocerse que el Ministerio de Energía y Minas notificó al máximo tribunal del país la terminación del convenio interinstitucional que le permitía ocupar el edificio donde actualmente funciona. El oficio remitido a la Corte establecía un plazo máximo e improrrogable de un mes para desalojar el inmueble. La medida generó de inmediato preocupación entre sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos, que la interpretaron como una escalada en la confrontación entre el Ejecutivo y la CC.

El oficio suscrito por la Coordinación General Administrativa Financiera del ministerio citaba las obligaciones contractuales vigentes en los instrumentos que sustentaban la cesión del inmueble. En ese documento se establecía de manera explícita la exigencia de desalojo, lo que implicaba que la Corte debía abandonar el edificio en un plazo de 30 días.

Sin embargo, apenas 24 horas después, el 20 de agosto, el mismo ministerio rectificó. A través de un nuevo oficio, la coordinadora general administrativa financiera, Nancy Jeanneth Uriarte, notificó al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Marlin Escudero, que el documento anterior quedaba sin efecto. “Debo indicar que se deja insubsistente el documento antes mencionado”, se lee en la comunicación, lo que significó, en términos prácticos, que la orden de desalojo había sido retirada.

El giro en la decisión se produjo en medio de un ambiente de tensión institucional que ha crecido durante las últimas semanas. Desde que la CC suspendió parcialmente artículos de tres leyes económicas y de seguridad impulsadas por el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa y su gobierno han intensificado las críticas contra el tribunal. La marcha del 12 de agosto hacia la sede de la Corte, encabezada por el propio mandatario y su gabinete, fue el punto más alto de esta confrontación.

La decisión inicial de ordenar el desalojo del edificio de la CC fue interpretada por analistas como un intento de presión directa sobre el tribunal. El posterior retiro de la medida refleja, según expertos en derecho constitucional, el impacto de las reacciones políticas y sociales que provocó la notificación, además de las advertencias emitidas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional habían señalado días antes que las campañas de desprestigio, hostigamiento y medidas administrativas contra la Corte podían poner en riesgo la independencia judicial y la seguridad de sus magistrados.

La Corte Constitucional, por su parte, no emitió una reacción oficial sobre el oficio de desalojo ni sobre su posterior rectificación. No obstante, fuentes internas confirmaron que la notificación inicial fue recibida con sorpresa, dado que el convenio interinstitucional en cuestión había permitido la permanencia de la CC en el inmueble por varios años.

La medida del 19 de agosto no solo implicaba un traslado logístico para la institución, sino que era vista como un golpe a la estabilidad de su funcionamiento en momentos en que enfrenta causas de alta sensibilidad política, como las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional.

Con la revocatoria del oficio, la Corte mantendrá su sede en el edificio que ocupa actualmente. No obstante, la secuencia de decisiones evidencia la inestabilidad en la relación entre el Ejecutivo y el tribunal, en un contexto en el que las diferencias ya han trascendido del plano jurídico al político y simbólico.

El episodio se suma a una serie de acciones y declaraciones que han sido criticadas dentro y fuera del país como intentos de coartar la independencia del tribunal. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que sus medidas responden a la necesidad de defender la gobernabilidad y de garantizar que sus reformas no se vean frenadas por lo que considera decisiones judiciales “obstaculizadoras”.