El régimen de Ortega confiscó un colegio católico y nombró como director a un paramilitar que reprimió las protestas de 2018 en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apropió del Colegio San José, administrado por las monjas josefinas en Jinotepe, Carazo, alegando que en esas instalaciones se torturó y asesinó al militante sandinista Bismarck Martínez durante las protestas de 2018.

La medida, que afecta a unos 600 estudiantes, forma parte de la ofensiva de la dictadura contra instituciones católicas que el gobierno ha intensificado en los últimos años.

La propia Rosario Murillo confirmó la noticia el mediodía del 12 de agosto, en su habitual intervención en medios oficialistas. Aseguró que el centro educativo sería “trasladado al Estado” y rebautizado como “Héroe Bismarck Martínez”.

Según su versión, durante la “criminal ocupación” de Jinotepe en 2018, grupos opositores atrincherados usaron el colegio como “centro de torturas y crímenes de odio” y desde allí habrían llevado a asesinar a Martínez en predios cercanos.

“Un logro de la paz, hubo un centro donde se torturó y se asesinó con el golpismo. Esos crímenes ocurrían en el Colegio San José y este colegio ha sido trasladado al Estado por la barbarie que se cometió”, dijo Murillo, sin aportar pruebas de sus afirmaciones.

En los días previos al anuncio, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y agentes de la Policía Nacional realizaron varias visitas al colegio, lo que encendió las alarmas entre padres, docentes y religiosas.

La toma de las instalaciones se concretó con la llegada de un equipo del Ministerio de Educación (Mined), que presentó al nuevo director y notificó que las clases quedarían suspendidas hasta este lunes 18 de agosto para una “reestructuración” del centro. Las hermanas josefinas recibieron la orden de desalojar el inmueble y entregar llaves, archivos y control administrativo.

El organismo opositor Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció que el régimen de Nicaragua nombró como nuevo director del colegio confiscado a Ermes Morales, reconocido militante sandinista que, según el grupo, participó como paramilitar en la represión de 2018.

La confiscación culmina un proceso de hostigamiento que, según trabajadores y ex docentes, comenzó cuando las religiosas se negaron a izar la bandera del Frente Sandinista durante las celebraciones patrias de septiembre. “Ahí empezaron las amenazas”, dijo una empleada a la plataforma nicaragüense Confidencial. Anticipando lo que podía ocurrir, las monjas habían liquidado con antelación al personal docente y administrativo.

El Colegio San José fue fundado en 1984 como Escuela Salesiana San José, y en marzo de 1985 pasó a ser administrado por la Congregación de Hermanas Josefinas, a petición del sacerdote salesiano padre Calero, que buscaba garantizar que la obra educativa continuara bajo una orientación cristiana.

La congregación, presente en Nicaragua desde 1915, tiene una larga trayectoria en la enseñanza y la asistencia social. En el caso de Jinotepe, el colegio ofrecía preescolar, primaria y secundaria, con un enfoque integral que combinaba formación académica, valores religiosos y desarrollo personal. El lema que guiaba su labor era “Presencia de Dios, estima de sí mismo y amor al prójimo”.

Durante décadas, las aulas del San José fueron referencia de calidad educativa en Carazo. Las religiosas promovían actividades culturales, deportivas y comunitarias, y mantenían una estrecha relación con las familias.

En 2016, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó por unanimidad otorgar a la congregación la medalla de honor de oro, destacando su servicio al país. El reconocimiento mencionaba expresamente el trabajo del Colegio San José de Jinotepe, así como el de otros centros y hospitales administrados por las josefinas en Rivas, Diriamba, Managua, Masaya y Matagalpa.

El argumento central del régimen para justificar la expropiación gira en torno a la figura de Bismarck Martínez. Militante del Frente Sandinista y trabajador de la Alcaldía de Managua, desapareció la noche del 29 de junio de 2018, cuando intentaba llegar a Jinotepe, ciudad bloqueada por tranques levantados en el marco de las protestas contra Ortega.

La versión oficial sostiene que fue interceptado cerca del centro recreativo Hertylandia, identificado como sandinista por portar un carné del partido, y entregado a dirigentes locales de la protesta. Según testigos presentados por medios oficialistas, Martínez fue golpeado, interrogado y trasladado a un estadio municipal contiguo al Colegio San José, que habría servido como base de operaciones de los opositores. Posteriormente, afirman, fue llevado a otro lugar, torturado y asesinado.

En mayo de 2019, tras un operativo policial en Jinotepe, las autoridades informaron haber hallado sus restos enterrados en un cauce natural cercano al colegio. Desde entonces, el caso ha sido incorporado a la narrativa oficial como prueba de lo que llaman “golpismo criminal” y como justificación de la represión.

El nombre de Martínez ha sido usado para bautizar un programa nacional de viviendas, calles y espacios públicos. Ahora, también, un colegio católico.

Para muchas familias de Jinotepe, la acusación contra las monjas carece de fundamento. Padres consultados por los medios nicaragüenses sostienen que, en 2018, el colegio sirvió como refugio para heridos y personas que huían de la represión, sin distinción política.

“Es lamentable este robo descarado del colegio donde estudiamos generaciones de profesionales y al que acusan de crímenes inventados”, dijo una madre identificada como Cecilia en Confidencial, que ya busca otro centro para su hija. Santiago, padre de una estudiante de secundaria, describió el ambiente educativo como “de calidad, con maestros entregados que daban todo en sus aulas” y expresó su tristeza y “cólera profunda” por la pérdida.

La confiscación del Colegio San José se inscribe en un patrón de expropiaciones contra la Iglesia Católica que se ha intensificado desde 2022. En agosto de 2023, el régimen tomó la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por los jesuitas, acusándola de ser “centro de terrorismo”. En 2024 y 2025, se apropiaron de seminarios, casas de retiro y conventos, entre ellos el seminario San Luis Gonzaga en Matagalpa y el centro de retiros La Cartuja. También han confiscado propiedades de diócesis en Managua, León y otras ciudades, congelado cuentas bancarias de parroquias y organizaciones religiosas, y cancelado personerías jurídicas de órdenes como los Frailes Menores Franciscanos.

Las acciones van acompañadas de medidas de control y hostigamiento: vigilancia de misas y homilías, prohibición de procesiones, inspecciones fiscales y detenciones arbitrarias de clérigos.

Entre los casos más notorios está el del obispo Rolando Álvarez, condenado a prisión y luego desterrado junto a otros sacerdotes. Según observatorios de libertad religiosa, Nicaragua se ha convertido en uno de los países de América Latina con mayor persecución contra comunidades cristianas.

“Una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”, denunció en su cuenta de X la Oficina de asuntos Occidentales del Departamento de Estado de EEUU. “Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el Colegio San José de Jinotepe. Su obsesión con ´todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado´, solo acelerará el colapso de su régimen. El poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura”.