Caso Apagón en Ecuador: revelan que los anticipos pagados a Progen fueron transferidos a cuentas personales

El dinero que el Estado ecuatoriano entregó a la empresa estadounidense Progen Industries para enfrentar la crisis eléctrica de 2024 fue transferido a cuentas personales de directivos y compañías relacionadas con la contratista, según documentos presentados en una corte federal de Florida y según reveló Ecuavisa. Esto se produjo mientras uno de los procesados en el denominado Caso Apagón, el exgerente subrogante de Celec, Fabián Calero Freire, aseguró en una carta pública que es inocente y que la investigación busca convertirlo en un “culpable elegido”.

La información consta en la demanda civil que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) presentó en Estados Unidos contra Progen y varios de sus directivos, a quienes acusa de fraude, apropiación indebida e incumplimiento contractual por los proyectos de generación térmica de Quevedo y El Salitral.

Según los registros bancarios incorporados al expediente y publicados por la televisora ecuatoriana, los USD 110 millones que Celec transfirió como anticipos fueron dispersados en pocas semanas. Entre los desembolsos identificados figuran USD 1,1 millones enviados a cuentas personales de John Manning, principal directivo de Progen; USD 1,4 millones a Two Lions Holding, empresa vinculada al mismo grupo; cerca de USD 20 millones a Astrobryxa LLC, compañía relacionada con Karla Saud Calero; USD 3,25 millones a Inicofy, también conocida como FYI Group; y USD 330.000 a José David Trujillo, exfuncionario del área de adquisiciones de Celec.

La documentación judicial también muestra que la cuenta principal de Progen en Regions Bank registraba un saldo de cero dólares al 30 de enero de 2026, lo que complica las posibilidades de recuperar los recursos transferidos por el Estado ecuatoriano.

Los contratos con Progen fueron suscritos en 2024, en medio de la emergencia eléctrica que llevó al país a soportar apagones de hasta 14 horas diarias no consecutivas. El objetivo era incorporar 150 megavatios de generación para reforzar el sistema nacional. Sin embargo, las plantas no entraron en operación y Ecuador no recibió la energía comprometida.

Informes técnicos citados en la demanda de Celec sostienen que varios equipos entregados eran usados y tenían componentes fabricados entre 2006 y 2014. Peritajes también reportaron rastros de óxido cubiertos con pintura y presuntas alteraciones en los números de serie de algunos generadores.

En Ecuador, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto peculado y vinculó a 21 personas, entre ellas exfuncionarios del Ministerio de Energía, de Celec y representantes de Progen. La audiencia de formulación de cargos fue convocada para el 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia.

En ese contexto, Fabián Calero difundió un comunicado de dos páginas en el que rechazó las acusaciones y aseguró que colaboró con las autoridades. Señaló que permaneció en silencio durante varios meses porque ingresó al sistema nacional de protección a víctimas y testigos, dentro del cual entregó de forma voluntaria documentación técnica, chats y audios que, según dijo, permiten identificar a los verdaderos responsables del caso.

“Es inaceptable que, tras haber entregado información relevante, la Fiscalía ejecute un giro inexplicable al notificarme con una solicitud de formulación de cargos, pretendiendo convertirme en el ‘culpable elegido’ para encubrir intereses políticos”, escribió.

Calero sostuvo que su gestión como gerente subrogante de Celec se limitó al cumplimiento técnico de un plan de emergencia diseñado por el Ministerio de Energía y Minas. Afirmó que no suscribió ningún contrato con Progen y que su única actuación consistió en delegar la contratación a las unidades de negocio correspondientes.

También negó cualquier vínculo familiar con Karla Saud Calero, una de las personas relacionadas con las empresas que recibieron parte de los fondos, y afirmó que esa inexistencia de parentesco puede comprobarse con información del Registro Civil.

En su pronunciamiento, Calero aseguró que su patrimonio es “limitado” y que su situación económica se ha deteriorado como consecuencia de la investigación y de despidos que atribuye al caso. Coincidió con el exministro Antonio Gonçalves en que el rastreo del dinero permitirá identificar a quienes realmente se beneficiaron de las contrataciones y propuso la creación de una comisión veedora para revisar la información financiera.