La Fiscalía de Bolivia inició una investigación por presunto sobreprecio en la importación de combustibles que involucra a más de cinco personas, entre ellas altos funcionarios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellos su presidente Armin Dorgathen.
El caso surgió a raíz de la acusación de un ex funcionario de la petrolera que reveló presuntas anomalías en la compra de combustibles, como adquisiciones de producto de mala calidad y posible daño económico al país. Posteriormente, una comisión de la Asamblea Legislativa investigó una docena de contratos y detectó indicios de irregularidades en la compra de diésel y gasolina. Según los parlamentarios, la empresa Botrading, subsidiaria de YPFB, vendía combustible a la propia compañía con sobreprecio.
“La investigación se encuentra en etapa preliminar, se han realizado diligencias de carácter reservado y se han emitido los requerimientos a las instancias correspondientes para obtener información y esclarecer el caso”, informó el fiscal Omar Yujra, citado por la prensa local.
Además de Dorgathen, hay otros cuatro funcionarios implicados en la investigación y una representante de la empresa en Paraguay donde Botrading tiene sede, publica el diario El Deber. Los delitos investigados incluyen uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, falsedad y corrupción.
La Fiscalía adelantó que aún no ha cuantificado el presunto daño económico, y que la investigación está en etapa preliminar, incluyendo diligencias reservadas, requerimientos y posibles registros a sedes de YPFB. Sin embargo, según el informe legislativo que identificó el supuesto sobreprecio en las operaciones de Botrading, el daño sería de 18,7 millones de dólares en 2023 y 37,4 millones dólares en 2024.
Como referencia, en 2024 el país destinó 3.349 millones de dólares para la importación de carburantes y para este año se presupuestaron 56 millones de dólares semanales, un monto que resulta insuficiente para cubrir la demanda local, según declaraciones anteriores de Dorgathen.
El presidente de la estatal petrolera defendió a la empresa subsidiaria Botrading y aseguró que permitió un ahorro de más de 20 millones de dólares en la importación de combustibles. Durante un foro en Santa Cruz, Dorgathen afirmó que la empresa agiliza procesos, mejora precios y reduce costos logísticos. “(Botrading) entró en una tormenta política”, manifestó y dijo que fue clave para superar la burocracia estatal y generar beneficios al país.
Para los legisladores que lideraron la investigación sobre el caso, Carlos Alarcón, Tatiana Añez y Enrique Urquidi, “Botrading es un cascarón vacío” a través del cual se incurrió en pagos sin contrato, sobreprecio y tratos privilegiados.
El caso surge en medio de una crisis de abastecimiento de combustible en Bolivia, a raíz de la baja producción local y las crecientes dificultades de importación por la escasez de dólares americanos. Desde hace dos años que el suministro es irregular y con frecuencia provoca largas filas en las estaciones de servicio.
Bolivia importa casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para cubrir la demanda interna y además subsidia parcialmente ambos productos, lo que supone uno de sus mayores gastos públicos. En el mercado local, el litro de ambos productos cuesta alrededor de 0,53 centavos de dólar, poco más de un tercio del precio internacional.
En agosto del año pasado, el presidente Luis Arce planteó un referendo sobre la liberación del subsidio al diésel y la gasolina pero no prosperó y el tema se convirtió en uno de los ejes de la campaña política de cara a las elecciones del próximo domingo. Los candidatos plantean intervenciones a la política de subsidios que incluye desde el levantamiento total o gradual y por sectores. Más allá de la estrategia que finalmente se aplique, el tiempo del combustible barato se acerca a su fin.
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