La dictadura de Cuba anunció que continuará con las misiones médicas en el extranjero pese a nuevas restricciones de visados impuestas por Estados Unidos a funcionarios cubanos y de terceros países vinculados a ese programa.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, comunicó en redes sociales que su país "continuará prestando servicios“, tras la decisión del Departamento de Estado de EEUU de avanzar contra estas misiones, consideradas por Washington como "trabajo forzoso" y una de las principales fuentes de divisas para la isla.
Para Rodríguez, la nueva medida refleja que la "imposición" y la "agresión" representan la "nueva doctrina de la política exterior" de Estados Unidos con Donald Trump como presidente.
El ministro del régimen defendió estos proyectos calificándolos como "programas legítimos de cooperación“.
Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció estas restricciones a funcionarios de países africanos no especificados y de Granada, acusándolos de "complicidad" en una "actividad ilegal“.
Rubio declaró que el régimen de Cuba “alquila” a sus médicos a "precios elevados“, quedándose con la mayor parte de los ingresos. Y sostuvo: ”Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial“.
El funcionario estadounidense aseguró que su país “tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzoso”, e instó a que los países “paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”.
La Administración Trump ya había impuesto sanciones similares en febrero y junio pasados contra funcionarios de Cuba y de Centroamérica relacionados con el programa.
Según analistas independientes, los servicios profesionales representan la principal exportación cubana, con predominio de los médicos, y constituyen -junto al turismo y las remesas- las tres mayores fuentes de divisas del país.
En el primer reporte de derechos humanos desde el regreso de Trump al poder, Estados Unidos señaló en la víspera lo que considera como “trabajo forzoso auspiciado por el Estado (cubano)” entre las violaciones registradas durante 2024.
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