Estado de excepción en Honduras: denuncias de tortura, abusos y un futuro electoral bajo vigilancia

Desde el 6 de diciembre de 2022, Honduras vive bajo un estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro con el argumento de enfrentar la criminalidad. La medida, que permite arrestos sin orden judicial y ha desplegado a la Policía Militar en las calles, se ha prorrogado de manera continua y, según la organización regional de derechos humanos Cristosal, ha derivado en violaciones graves a las libertades fundamentales.

En un informe presentado este jueves, la ONG advirtió que “lejos de garantizar seguridad” la emergencia ha generado “una mayor percepción de inseguridad […] y propiciado múltiples abusos de poder, incluyendo malos tratos, lesiones y actos de tortura”.

El documento, elaborado a partir de 106 entrevistas, describe impactos psicosociales significativos, especialmente en grupos vulnerables, con un deterioro de la salud mental que trasciende la estadística. Entre los testimonios recogidos, un hombre identificado como Javier relató que la policía “estigmatiza a los jóvenes (por su vestimenta), por el corte de cabello” y sus zapatos.

Suyapa, una mujer de la capital, aseguró que “la violencia ha aumentado notablemente” porque “la policía está utilizando más violencia”. La abogada Brenda Zúniga contó el caso de un niño que presenció cómo agentes golpeaban a su madre durante un allanamiento. “El niño de cuatro años me mencionó que cuando él creciera iba a matar policías”, afirmó, subrayando el impacto generacional de estas prácticas.

De acuerdo con cifras oficiales, 9.668 personas han sido detenidas desde el inicio del estado de excepción por “diversos delitos”. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, sostiene que la tasa de homicidios se redujo un 25% en 2024, hasta 26,8 por cada 100.000 habitantes, “el nivel más bajo de la historia”.

Sin embargo, datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional indican que la cifra, aunque menor que en años anteriores —34,5 en 2023 y 38,2 en 2022—, no muestra una disminución sostenida atribuible exclusivamente a la medida. Organismos como InSight Crime han señalado que la reducción también se observó en zonas no cubiertas por el régimen, lo que pone en cuestión su eficacia real.

Mientras tanto, la violencia persiste. El Sistema Estadístico Policial registró 2.503 homicidios en 2024, parte de un total de 9.520 asesinatos cometidos entre 2022 y 2024, de los cuales 6.256 ocurrieron ya bajo el estado de excepción. Las extorsiones tampoco han cesado: “Negocios pequeños han cerrado por miedo, y la ‘cuota’ que imponen las maras y pandillas persiste con total impunidad”, denunció Cristosal.

Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre diciembre de 2022 y abril de 2025 se recibieron 924 quejas por abusos policiales, y el Ministerio Público investiga al menos tres desapariciones forzadas y 86 denuncias de tortura o tratos crueles y degradantes cometidos por fuerzas de seguridad. La ONU ha alertado sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos adecuados en las cárceles.

El informe advierte, además, sobre los riesgos que la militarización plantea para las elecciones generales previstas en noviembre. Las fases preliminares del proceso —primarias e inscripción de candidaturas— se han desarrollado “bajo condiciones de control, vigilancia y militarización”, lo que, según la ONG, erosiona la confianza ciudadana y amenaza la transparencia del proceso democrático.

El antecedente más cercano en la región es El Salvador, donde un régimen similar instaurado en 2022 por el presidente Nayib Bukele redujo drásticamente los homicidios, pero fue denunciado por detenciones arbitrarias y abusos generalizados. Cristosal, que trabajaba también en ese país, se vio forzada a exiliarse tras denunciar una “escalada represiva” del gobierno salvadoreño.

El caso hondureño, señalan especialistas, ilustra el dilema de las políticas de mano dura: aunque puedan mostrar resultados en indicadores de criminalidad, el costo en derechos humanos, salud mental y cohesión social puede ser irreversible.

Las cifras de reducción de homicidios, aun siendo significativas, conviven con la persistencia de la violencia estructural y con un deterioro de la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad. En palabras del investigador de Cristosal René Valiente, “no ha habido una disminución sostenida de la violencia, la gente sigue sufriendo la violencia, pero sí ha tenido un alto costo en derechos humanos”.

A medida que se acercan las elecciones, el país se encuentra en una encrucijada. El estado de excepción, que comenzó como una respuesta temporal a una crisis de seguridad, se ha prolongado casi tres años y se ha renovado en numerosas ocasiones, en algunos casos sin el aval del Congreso.

La pregunta que se abre es si Honduras podrá recuperar un equilibrio entre seguridad y libertades fundamentales o si, como temen las organizaciones de derechos humanos, la excepción se consolidará como norma, debilitando las bases de su democracia.