Policías ecuatorianos vendieron municiones donadas por Estados Unidos a una banda criminal

Por más de seis meses, la Fiscalía y la Policía Nacional del Ecuador investigaron en secreto a un grupo de uniformados acusados de extraer armas y municiones de uso institucional para luego venderlas a estructuras criminales. La investigación, denominada “Depuración Azul”, destapó una red que involucraba al menos a seis policías —cinco en servicio activo y uno en servicio pasivo— junto con dos civiles.

Uno de los hallazgos más alarmantes fue que parte de las municiones incautadas en el operativo final habían sido donadas por el Gobierno de los Estados Unidos al Ecuador, según reveló la fiscal Ruth Amoroso en audiencia judicial el 30 de julio de 2025.

La investigación se originó casi por accidente. El 6 de enero de 2025, mientras se realizaban interceptaciones telefónicas por una indagación distinta, los agentes detectaron una conversación entre dos uniformados —identificados como Luis Miguel S., alias “Bala”, y Cristian G., alias “Guangudo”— sobre la venta de municiones. Ambos ahora enfrentan cargos por delincuencia organizada.

A partir de esa interceptación, la Fiscalía abrió una investigación previa y empezó un operativo de seguimiento y vigilancia que incluyó escuchas telefónicas autorizadas por un juez. La trama revelada muestra una estructura interna bien definida, en la que varios policías se encargaban de sustraer armamento del Rastrillo General de la institución, mientras que los civiles colaboraban en el transporte y distribución del material bélico.

Uno de los principales implicados es Francisco P., alias “Topo”, cabo primero de la Policía y encargado del almacén institucional. En abril de 2025, “Topo” extrajo 20 alimentadoras de pistola Glock, las colocó en una caja y las entregó a un taxista identificado como Franklin L., alias “Beto”, quien las envió a Guayaquil a través de una cooperativa de transporte interprovincial. La encomienda iba dirigida a “Guangudo”, quien fue señalado como uno de los receptores del armamento, según publicó Primicias.

La operación se repitió semanas después. El 17 de junio de 2025, “Topo” envió a través de otra empresa de transporte municiones calibre 5,56 mm, de uso exclusivo de fuerzas tácticas. Este cargamento iba destinado a Natanael D., quien fue detenido en Guayaquil dos días después. En su poder se hallaron las municiones junto con sustancias ilícitas. Según inteligencia policial, Natanael D. es miembro de la banda criminal conocida como Freddy Krueger, un brazo armado de la organización narcodelictiva Mafia 18, que disputa el control del sur de Guayaquil.

Ese mismo día, desde el Terminal de Carcelén en Quito, otra encomienda fue enviada por Evelyn M., alias “Mona”, esposa del sargento Jorge G., alias “Guambrón”, también vinculado al caso y empleado en el Rastrillo General. La encomienda también estaba dirigida a Natanael D., cerrando así un patrón operativo en el que varios uniformados sustraían, transportaban y vendían municiones desde instalaciones policiales hacia redes del crimen organizado.

Durante los allanamientos realizados el 3 de julio de 2025, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, ordenadores y documentos clave para la investigación. Las diligencias evidenciaron una estructura delictiva que operaba desde la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional y que mantenía conexiones con grupos criminales de Guayaquil, incluyendo a la Mafia 18 y Los Lobos, según explicó Jeff García, director nacional de Asuntos Internos de la Policía.

Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación fue el origen del material bélico. En la audiencia de apelación a la prisión preventiva de cinco de los procesados, la fiscal Amoroso confirmó que las municiones decomisadas habían sido donadas por el Gobierno de Estados Unidos como parte de los programas de cooperación bilateral.

Además de la gravedad del desvío de armamento, los chats y las interceptaciones muestran los montos que se manejaban en el mercado negro. Por ejemplo, en marzo de 2025, se registró la venta de cinco alimentadoras con un total de 85 municiones por USD 170. Las pistolas tipo Glock se ofrecían por entre USD 1.000 y USD 3.000, y los fusiles llegaban a costar hasta USD 7.500.

En total, ocho personas están siendo procesadas: seis policías (cinco activos y uno en retiro) y dos civiles. La justicia dictó prisión preventiva para siete de ellos, mientras que Evelyn M. quedó en libertad. Varios de los implicados han apelado esa medida, pero hasta el 6 de agosto de 2025 la audiencia para resolver esos recursos no se ha reinstalado.

El caso “Depuración Azul” ha sacudido a la opinión pública ecuatoriana, no solo por evidenciar la corrupción dentro de una institución clave como la Policía Nacional, sino también por su impacto en la lucha contra el crimen organizado. La utilización de armamento donado por un gobierno extranjero para fortalecer a bandas criminales pone en entredicho los controles internos, la cadena de custodia institucional y la efectividad de las políticas de seguridad.