Las ciudades capitales del país presentaron una hoja de ruta a Abelardo de la Espriella para resolver los desafíos que afectan a la población

Tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se presentó una hoja de ruta con prioridades para el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella, que estará enfocada en fortalecer la competitividad, la seguridad ciudadana y la inversión estratégica en beneficio de los más de 24 millones de colombianos que habitan en las 32 capitales del país.

Desde la asociación confirmaron que la llegada del nuevo gobierno permitirá consolidar una cooperación eficaz entre la Nación y los territorios para resolver los desafíos que más inciden en la calidad de vida urbana en los municipios clave que reúnen cerca del 47% de la población colombiana, generan más del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y aportan casi la mitad del recaudo tributario territorial.

Según la asociación, este peso económico e institucional hace que las capitales sean el principal motor de desarrollo del país y, por ende, se deban estimular los vínculos con el nuevo gobierno, en especial tras las fracturas en los vínculos que se presentaron con el Gobierno Petro.

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, afirmó que “las ciudades capitales están listas para trabajar con el nuevo Gobierno”, y que persiste la necesidad de una alianza nacional que acelere las inversiones, refuerce la seguridad y garantice que el crecimiento económico derive en mayor bienestar para los ciudadanos.

Estas son las siete prioridades para las 32 ciudades capitales

Entre las acciones más urgentes figura la continuidad de los grandes proyectos de infraestructura relacionados con transporte, movilidad y conectividad. Estos, según datos oficiales representan el 59,7% de las necesidades de inversión priorizadas por las capitales, seguidos por infraestructura social y proyectos de agua, ambiente y resiliencia.

Los proyectos dependen de los mecanismos de cofinanciación establecidos por la Ley 310 de 1996, por lo que el llamado solicita también la continuidad de los desembolsos y la seguridad jurídica de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.

De la misma manera, los representantes de los territorios propusieron una estrategia en favor de la seguridad urbana que permita a los alcaldes participar activamente en las instancias nacionales de seguridad, en el incremento del pie de fuerza en las ciudades más afectadas, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal, así como en soluciones para encarar el hacinamiento carcelario y las economías ilícitas que operan desde los centros de reclusión.

Santamaría sostuvo que “la seguridad urbana debe convertirse en una política de Estado”, y le pidió al presidente electo facilidades, herramientas y coordinación para los gobiernos locales.

Otro punto tiene que ver con el agua y sostenibilidad. Desde la asociación se planteó la urgencia de acelerar inversiones en agua potable, saneamiento, protección costera, gestión del riesgo y adaptación climática.

Entre los proyectos destacados se encuentran la protección costera de Cartagena, el acueducto metropolitano de Cúcuta y planes de agua para ciudades como Bucaramanga, Neiva, Tunja, Riohacha y Santa Marta. Debido al reciente fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el Pacífico Tropical, la necesidad de mejorar la resiliencia urbana ante eventos climáticos extremos se incrementó.

También señalaron la pertinencia de una intervención económica más visible por parte del nuevo gobierno de De la Espriella, en vista de que, según el informe de la asociación, las ciudades capitales destinan el 50,4% de su gasto a inversión pública, frente al 11,7% del Gobierno nacional, y mantienen niveles de endeudamiento sostenibles y una estructura fiscal sólida, con ingresos superiores a 90 billones de pesos anuales y crecimientos de más del 11%.

Desde la organización reiteraron la disposición a construir una agenda conjunta con el Ejecutivo para impulsar una nueva relación territorial en beneficio de la ciudadanía.