FARC, Clan del Golfo y colaboradores del Cártel de Sinaloa: esta es la jueza que escuchó hoy a “alias Fito”

El 21 de julio de 2025, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue presentado ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en su primera audiencia judicial tras ser extraditado a Estados Unidos. El caso, que marca un hito judicial para ambos países, quedó a cargo de la magistrada federal Vera M. Scanlon, quien ha liderado audiencias clave contra líderes del narcotráfico, figuras políticas aliadas con carteles internacionales y miembros del crimen organizado violento.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alias “Fito” enfrenta siete cargos federales, incluidos conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, uso de armas de fuego en el marco del narcotráfico, contrabando de armas desde Estados Unidos y adquisición de armas mediante terceros. La acusación lo describe como el principal líder de Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana que, bajo su mando, “empleó medidas extremas de violencia” para consolidar su poder y controlar rutas internacionales de droga.

La jueza Scanlon no es nueva en procesos de alto impacto. En junio de 2022, presidió la audiencia de Martín Leonel Pérez Castro, alias “Richard”, ex comandante del Frente 30 de las FARC, quien fue extraditado desde Colombia acusado de liderar una red que enviaba miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La fiscalía sostuvo que esas operaciones financiaban las actividades del grupo armado durante el conflicto colombiano. El caso fue significativo por vincular narcotráfico y financiamiento del terrorismo, ya que las FARC fueron designadas como organización terrorista extranjera hasta 2016.

Uno de los procesos más relevantes en la trayectoria de la jueza Vera M. Scanlon es el de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, considerado durante años el narcotraficante más buscado de Colombia. Líder del Clan del Golfo, una organización señalada por su estructura paramilitar y su alcance continental, Úsuga fue extraditado desde Colombia a Nueva York en mayo de 2022 para enfrentar cargos federales.

La acusación del Distrito Este de Nueva York (EDNY) lo imputa por liderar una empresa criminal continuada y por conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, como cabecilla de una organización que habría movido toneladas de droga valoradas en miles de millones de dólares con destino a Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, el Clan del Golfo fue bajo su mando “la organización paramilitar y narcotraficante más poderosa en Colombia durante este siglo”, y recurrió a actos de extrema violencia contra civiles, autoridades y competidores para consolidar su control territorial. Tras su extradición, Otoniel compareció en Brooklyn ante la jueza Vera M. Scanlon para la audiencia de lectura de cargos.

La trayectoria de Scanlon incluye también la firma de la orden de arresto contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, el 14 de agosto de 2019. La acusación lo señalaba por proteger al cartel H-2 —una escisión de los Beltrán Leyva— a cambio de sobornos, permitiendo el tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia EE.UU., incluyendo la ciudad de Nueva York. Aunque los cargos fueron posteriormente retirados por razones diplomáticas, el expediente judicial confirma que fue la jueza Scanlon quien ordenó su captura inicial.

En 2020, procesó también a Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de la República Dominicana y exdirigente político, acusado de importar al menos 79 kilogramos de heroína a Nueva York con apoyo del Cártel de Sinaloa. Abreu, detenido en su país mediante una orden internacional, fue extraditado a EE.UU. y compareció ante la jueza Scanlon por distribución internacional de drogas. Según la acusación, utilizó su cargo público para facilitar el ingreso de fentanilo y heroína a territorio estadounidense.

Además de narcotraficantes, la magistrada ha estado al frente de procesos contra mafias locales. En octubre de 2019, once miembros de la familia Colombo, incluida una figura identificada como “capo”, fueron arrestados por cargos de asociación ilícita, extorsión y amaño de partidos deportivos. Todos fueron presentados ante la jueza Scanlon para su audiencia de arraigo. La acusación detallaba cobros violentos, amenazas con armas, golpizas y un intento de soborno a jugadores universitarios de baloncesto.

Ese mismo año, Melvin “La Fuerza” Martínez, presunto narcotraficante dominicano, fue extraditado por conspirar para transportar más de 100 kilogramos de cocaína desde Venezuela, México, Jamaica y República Dominicana hacia EE.UU. La jueza Scanlon presidió su audiencia inicial, donde se ordenó su detención sin fianza. La Fiscalía señaló que, aunque operaba desde el extranjero, “no estaba fuera del alcance de la justicia estadounidense”.

Más allá del estrado, Scanlon ha participado activamente en programas de educación cívica, promoviendo el acceso al sistema judicial entre estudiantes del sistema público. Es colaboradora de la iniciativa Justice for All: Courts and the Community, que ofrece simulaciones de juicios y visitas educativas a tribunales federales de Nueva York.

Nacida en Brooklyn, estudió Historia en Columbia College, donde también fue voluntaria en un comedor comunitario. Posteriormente se graduó como abogada en Yale, donde trabajó en casos de inmigración. Antes de asumir su cargo como jueza magistrada, trabajó en el bufete de derechos civiles Beldock, Levine & Hoffman y se desempeñó como paralegal y asistente jurídica en distintas jurisdicciones, incluida Puerto Rico.

La audiencia inicial contra “Fito” se realizó en la sala 2A Sur del tribunal de Brooklyn, en el marco del caso 25-CR-114 (FB), y forma parte de la operación federal Take Back America, una estrategia del Departamento de Justicia orientada a desmantelar organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad pública estadounidense.

Aunque no se ha confirmado si la jueza Scanlon se mantendrá como titular del juicio o si su rol se limitará a las fases preliminares, su historial demuestra que ha sido clave en la fase procesal de varios de los casos más delicados vinculados al crimen organizado transnacional.