Este martes se llevó a cabo la primera audiencia del llamado Caso Fonasa, investigación contra una red criminal constituida por 18 personas acusadas de emitir alrededor de 80 mil licencias médicas falsas defraudando las arcas públicas en más de USD 30 millones.
10 de los imputados son médicos -la mayoría colombianos-, y el principal acusado es el cirujano Samir Rivaldo, quien se mudó a Chile desde Barranquilla junto a su pareja Yesica Donado para montar la red, reclutar a otros galenos y lucrar así emitiendo licencias fraudulentas.
La pareja tenía un estilo de vida lujoso, con varias propiedades, autos de alta gama y hasta zapatillas Dolce & Gabbana con sus propios nombres. A modo de ejemplo, el hermano de Yesica, Jeffry Donado, visó más de 4 mil licencias médicas en cinco días mientras estuvo en Chile, y siguió dándolas desde el extranjero durante seis meses más.
También se detectaron varios “palos blancos” que adquirieron propiedades y vehículos con los dineros ilícitos. Conseguir una licencia con la banda criminal mediante el sistema público -Fonasa-, costaba entre USD 36 (de 1 a 11 días) y USD 77 (de 22 a 30 días), mientras que hacerlo desde el sistema privado -Isapres-, podía llegar a costar hasta los USD 98.
Debido a esto, a los 18 imputados se les acusa por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.
La audiencia
Según el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, “durante el desarrollo del juicio, pretendemos acreditar que médicos extranjeros crearon diversos centros médicos con la finalidad precisa de emitir licencias fraudulentas. Las envergaduras son de gran importancia, hablamos de más de 80 mil licencias médicas fraudulentas y con perjuicios para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por sobre los 30 mil millones de pesos“.
También detalló que sigue la cacería de la mano de Interpol de varios otros involucrados que huyeron del país luego de la primera audiencia de formalización.
Sin embargo, la abogada defensora de Samir Rivaldo, Doris Espinoza, arguyó que “no se reúnen todos los requisitos para la asociación ilícita conforme a la antigua legislación. Recordar que al señor Samir Rivaldo se le va a juzgar por la legislación anterior del crimen organizado, y no por los nuevos delitos en ese aspecto".
La legista sostuvo que "el señor Rivaldo en Chile no tiene bienes, no tiene sociedades en donde haya reinvertido algún tipo de dinero. Lo que sí se va a poder acreditar es que el señor Rivaldo remitía fondos desde Chile hacia Colombia, y que están dirigidos principalmente a sus familiares, y más bien es un consumo y no un lavado de activos".
Rodrigo Varela, abogado de la Isapres, recordó que “la ley no distingue entre quien vende una receta -en este caso, el médico- y quien la compra: llevan aparejadas la misma pena, por lo tanto, es fundamental que en este juicio se logren las mayores penas posibles para disuadir y de una vez por todas erradicar este tipo de fraude del sistema de salud”.
Se cree que el juicio tendrá una duración de cuatro a seis meses y los 18 acusados arriesgan penas que van desde 5 hasta 27 años de cárcel.
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