El gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Luis Arce, defendió públicamente el contrato de explotación de litio firmado con la empresa china CATL BRUNP & MOC (CBC) y advirtió que la falta de aprobación por parte del Legislativo implicaría pérdidas directas para la población boliviana. La sesión parlamentaria destinada al análisis del acuerdo permanece suspendida, mientras persisten las disputas políticas y las denuncias de supuestas irregularidades tanto desde sectores opositores como del oficialismo alineado con el ex mandatario Evo Morales.
En una declaración difundida este viernes, Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energía, sostuvo: “Si no se aprueba este contrato, ¿quién pierde la inversión, las fuentes de trabajo, la tecnología, participar el mercado internacional? Perdemos los bolivianos (...) no perdemos nosotros, no yo como ministro, al final perdemos todos los bolivianos”.
El proceso legislativo para la aprobación del contrato con CBC se encuentra paralizado tras intensos enfrentamientos durante la madrugada del viernes. La sesión fue declarada en “cuarto intermedio sin fecha ni hora” por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, después de casi 14 horas de deliberaciones y altercados entre parlamentarios. Yujra justificó la suspensión afirmando que no existían las garantías necesarias para continuar con el debate.
El acuerdo con CBC forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo para impulsar la industrialización del litio boliviano. En 2023, el Gobierno firmó convenios de tecnología de extracción directa de litio (EDL) con CBC y Citic Guoan; más tarde, en 2024, se sumó un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio. Los contratos se remitieron al Parlamento a la espera de su evaluación y autorización.
Gallardo explicó que la administración actual ya había completado los procedimientos necesarios desde el Ejecutivo, detallando que “hasta donde correspondía” la gestión ya estaba concluida y que la responsabilidad ahora recae sobre los legisladores. “Si no lo hacen, si no se aprueba, ya no es responsabilidad de nosotros, ya es responsabilidad de la Asamblea y el día de mañana el pueblo los juzgará”, afirmó el ministro.
El Ejecutivo defiende que la aprobación de estos contratos traerá “múltiples beneficios”, incluyendo inversiones millonarias, la creación de empleos, transferencia de tecnología y mayor inserción en los mercados internacionales. No obstante, organizaciones civiles y comunidades indígenas han manifestado su preocupación porque, consideran, el Gobierno busca acelerar el proceso antes del término de la actual gestión previsto para noviembre.
Durante la sesión suspendida, el debate se intensificó sobre el mecanismo de votación: mientras el bloque oficialista leal al presidente Arce, que domina la Presidencia de la Cámara de Diputados, dispuso una votación secreta, la facción afín a Morales y los partidos de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, exigieron un voto nominal y público.
La tensión escaló en el hemiciclo cuando algunos legisladores opositores arrojaron agua y basura contra la directiva parlamentaria y Gallardo, quien había acudido para exponer los alcances del contrato. Los asistentes del ministro abrieron paraguas para protegerse, mientras otra parte de los parlamentarios intentó bloquear físicamente la mesa directiva.
La oposición, encabezada por la diputada Lisa Claros de CC, argumentó que la discusión parlamentaria debía ser suspendida porque “está en consulta ante el Tribunal Constitucional” y persiste “la susceptibilidad de que el oficialismo dé por hecho que la Justicia fallará a su favor”.
El conflicto se profundizó por la denuncia de exclusión del debate de representantes de organizaciones cívicas e indígenas críticas al acuerdo, así como por reclamos en la región de Potosí, donde se sitúan los yacimientos más importantes de litio de Bolivia, principalmente en el salar de Uyuni, con una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados.
En los últimos meses, un juez había suspendido temporalmente el tratamiento legislativo de los contratos con CBC y Uranium One Group tras una acción presentada por 53 comunidades indígenas; la medida fue luego revocada por otro fallo. Cinco organizaciones civiles advirtieron esta semana que el Gobierno pretende “forzar” la aprobación de los acuerdos pese a que restan apenas cuatro meses para el fin del mandato de Arce.
El Ejecutivo recalca que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en 23 millones de toneladas, y presenta la industrialización de este recurso como pilar de su política energética.
(Con información de EFE)
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