La oposición venezolana Voluntad Popular exigió la liberación inmediata del activista político Aldo Rosso

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) pidió este viernes la liberación inmediata del activista político Aldo Rosso, quien lleva un año detenido a pesar de que, según el partido, “no ha cometido ningún delito”.

A través de la red social X, VP calificó este periodo como “un año de injusticia, de dolor para sus hijos, nietos” y para sus seres queridos. Además, advirtieron que su “delicado estado de salud en prisión es otro motivo para que lo liberen”.

El partido subrayó que las autoridades están al tanto de su condición: “Su vida corre peligro y el régimen lo sabe (...) Aldo Rosso tiene 70 años. Es hipertenso, diabético y tiene una hernia que lo hace retorcerse del dolor. Pero sigue preso, sin juicio, sin tratamiento médico, sin que se cumpla la ley que prohíbe encarcelar a adultos mayores. Su delito: pensar distinto”.

“Ellos lo saben: tienen los exámenes médicos que comprueban que comprometen seriamente su vida dejándolo injustamente detenido”, aseguró la oposición.

Por esta razón, Voluntad Popular exige al régimen de Nicolás Maduro que “deje de poner en riesgo la vida de Aldo Rosso y lo libere inmediatamente”, reiterando su compromiso con la defensa del opositor.

“Aldo Rosso se había despertado temprano. Se bañó, desayunó, y le dio la bendición a su hija. “Nos vemos en un rato”, dijo antes de salir. Pero nunca regresó”, lamentó Voluntad Popular por X.

Rosso, miembro de VP, fue detenido el 4 de julio de 2024, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral para las presidenciales del 28 de ese mes. El partido denunció esta detención y solicitó a la comunidad internacional que haga “todo lo posible para poner fin a esta táctica macabra que solo cobra la libertad de personas inocentes”.

Por otro lado, la semana pasada, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, alertó sobre un significativo deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela durante 2024 y 2025, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Türk señaló que múltiples personas “han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos”.

Específicamente desde mayo de 2024, la oficina del alto comisionado ha registrado al menos 32 casos de tortura y malos tratos a personas bajo custodia, entre ellos 15 menores de edad. Además, se documentaron 28 desapariciones forzadas posteriores a las elecciones presidenciales, incluidas 12 personas extranjeras.

Frente a estas acusaciones, la dictadura venezolana acusó a Türk de usar los derechos humanos “políticamente”. Asimismo, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, declaró ‘persona non grata’ al alto comisionado, criticándolo por no pronunciarse sobre la situación de los 252 migrantes que Caracas denuncia como “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores “retenidos” en Estados Unidos.

La situación de Aldo Rosso representa un caso emblemático dentro del contexto más amplio de la crisis de derechos humanos en Venezuela. Mientras el régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo a opositores y limitando las libertades fundamentales, la comunidad internacional enfrenta el desafío de mantener la presión para que se respeten los derechos y se garantice la liberación de personas detenidas injustamente.

La defensa de Rosso y de tantos otros presos políticos se convierte así en un llamado urgente a la justicia y a la dignidad en un país que atraviesa una profunda vulneración de sus valores democráticos.

(Con información de EFE)