España aprobó la extradición de un criminal ecuatoriano bajo condiciones carcelarias

España ha aprobado por la extradición de William Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias ‘Comandante Willy’ o ‘Negro Willy’, señalado como uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Tiguerones en Ecuador. La decisión fue adoptada por la Audiencia Nacional de España el 24 de junio de 2025, pero su ejecución queda condicionada a que Ecuador garantice el respeto a los derechos humanos del procesado, en especial su integridad física y el derecho a la vida durante su encarcelamiento.

El tribunal español aceptó la solicitud de extradición presentada por el gobierno ecuatoriano, que acusa a Alcívar de terrorismo por su presunta participación intelectual en el asalto armado a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil el 9 de enero de 2024.

Según el expediente judicial, los atacantes actuaron bajo sus órdenes mientras el noticiero se transmitía en vivo, apuntaron con armas a los trabajadores, colocaron explosivos en la ropa de uno de los presentadores y exigieron a la Policía abandonar el lugar. Todos los autores materiales del atentado fueron ya juzgados y sentenciados, y durante el proceso se afirmó que estaban en contacto telefónico con alias ‘Comandante Willy’ al momento de la irrupción.

La defensa del procesado alegó que Alcívar no pudo haber participado en el ataque porque se encontraba fuera del país en ese momento, argumento que fue desestimado por la Audiencia Nacional. El tribunal reafirmó que existen indicios suficientes para considerar que Alcívar dirigió el atentado desde el extranjero y reiteró la gravedad de los hechos que se le imputan.

No obstante, España impuso una condición clara: Ecuador debe presentar en un plazo de tres meses garantías suficientes de que las cárceles del país han implementado medidas eficaces para proteger la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, solicita que se verifique una “normalización” en la situación penitenciaria nacional, lo cual deberá ser validado por los órganos de observación especializados del sistema interamericano de derechos humanos.

Esta es el segunda proceso que España lleva a cabo tras la solicitud de extradición contra Alcívar. En mayo de 2025, se resolvió favorablemente una primera petición basada en cargos por delincuencia organizada. En ambas ocasiones, el requerimiento judicial fue aprobado bajo los mismos términos: condicionando la entrega a la obtención de garantías explícitas de parte del Estado ecuatoriano.

Alcívar fue detenido en España en octubre de 2024 tras una alerta de Interpol. Se había radicado en ese país, donde incluso creó una empresa y residía en una zona de clase media, mientras mantenía operaciones criminales presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas y la extorsión. Antes de alcanzar un rol de liderazgo en Los Tiguerones, trabajó como agente penitenciario en la Penitenciaría del Litoral. De hecho, se le acusa también de haber facilitado la fuga de su hermano, alias ‘La Puya’, quien estaba encarcelado por asesinato y se evadió el 27 de mayo de 2019.

El caso de alias ‘Comandante Willy’ ha generado atención internacional por la dimensión de la banda a la que lideraba y por el impacto del atentado televisado, que fue ampliamente difundido por medios internacionales y sirvió como símbolo de la creciente violencia asociada al crimen organizado en Ecuador. Los Tiguerones son uno de los grupos criminales más activos en la costa ecuatoriana, con influencia en el narcotráfico y en redes de extorsión. Las autoridades del país lo consideran un objetivo prioritario en su política de seguridad.

Aún no está claro si Ecuador podrá cumplir con los requerimientos impuestos por España. La situación penitenciaria ha sido señalada repetidamente por organismos de derechos humanos como uno de los puntos críticos del sistema de justicia ecuatoriano, debido a las masacres carcelarias, el hacinamiento, la corrupción y el control de pabellones por parte de bandas criminales. Aunque el actual gobierno ha implementado operativos militares en los centros de privación de libertad, varios informes cuestionan la sostenibilidad de estas medidas y la persistencia de condiciones estructurales de riesgo.

La decisión de la Audiencia Nacional española abre un compás de espera. Si Ecuador no presenta las garantías exigidas en los próximos tres meses, la extradición podría ser suspendida.