El fallecimiento de Vladimir Choque, un joven de 17 años acusado de colaborar con la policía y golpeado hasta la muerte por seguidores de Evo Morales, ha intensificado la crisis política y social en Bolivia.
Este hecho, reportado por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se suma a una semana de violencia que ha dejado seis muertos —cuatro policías y dos civiles— y coincide con el cumplimiento de dos semanas de bloqueos de carreteras liderados por simpatizantes de Morales, quienes exigen su habilitación como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto.
Según informó EFE, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad han dejado al menos 50 heridos y han puesto en jaque la estabilidad del país.
La presión de los llamados ‘evistas’, seguidores leales a Evo Morales (2006-2019), busca forzar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inscribir a su líder como candidato presidencial, a pesar de que el partido político que lo respalda perdió su personería jurídica y de que un fallo constitucional lo inhabilita para participar en los comicios.
La movilización de los ‘evistas’ ha derivado en bloqueos de carreteras en varias regiones del país, lo que ha generado una respuesta contundente del gobierno de Luis Arce.
El presidente ordenó el despeje total de las carreteras tomadas por los simpatizantes de Morales, instruyendo operaciones conjuntas entre la Policía y el Ejército. Esta decisión provocó enfrentamientos violentos, especialmente en el centro del país, donde aún persisten algunos bloqueos. “La mayoría de caminos fueron habilitados por las fuerzas de seguridad tras los violentos enfrentamientos, sin embargo se mantienen algunos bloqueos, en especial en el centro del país”.
Entre las víctimas mortales de esta semana se encuentran tres policías que murieron el miércoles por heridas de bala cuando intentaban llegar a la población de Llallagua, en la región de Potosí. Manifestantes atacaron a pobladores que intentaban despejar las vías, lo que derivó en la muerte de los agentes. El cuarto policía fallecido perdió la vida en Cochabamba después de ser retenido por los bloqueadores, quienes, según el ministro Ríos, “supuestamente activaron un explosivo en su cuerpo”. El segundo civil muerto, de acuerdo con la misma fuente, era un seguidor de Morales que manipuló de forma incorrecta un explosivo durante los operativos de desbloqueo.
La crisis política se ha visto agravada por las acusaciones cruzadas entre el gobierno y el expresidente Morales. Luis Arce ha acusado públicamente a Morales de intentar “acortar su mandato” para asegurar su candidatura, calificando esta intención como “inconstitucional”.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, ha expresado su preocupación por la situación, denunciando que “hay fuerzas oscuras que quieren evitar que se realicen los comicios generales”. Esta declaración, refleja la incertidumbre que rodea la celebración de las elecciones del 17 de agosto y la presión que enfrenta el órgano electoral para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.
En un intento por buscar soluciones, Arce se reunió el jueves con autoridades del TSE y con candidatos de la oposición, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina. El objetivo de este encuentro, fue analizar las formas de garantizar la realización de las elecciones y evitar que la violencia y los bloqueos impidan el desarrollo normal del proceso democrático.
Por su parte, Evo Morales sostiene que está habilitado para ser candidato presidencial, a pesar de un fallo constitucional que establece que una persona solo puede ser reelecta como presidente “por una única vez” de forma continua.
Morales, quien ya gobernó Bolivia en tres períodos, argumenta que es víctima de una persecución política por parte del gobierno de Arce.
Morales acusa al actual presidente de colaborar con el gobierno de Donald Trump para “eliminarlo” políticamente.
El exmandatario ha renunciado al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó y lideró durante casi 30 años. Morales afirma que su salida del MAS responde a la persecución que sufre y a la falta de garantías para participar en el proceso electoral. Además, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de trata agravada de personas, tras ser acusado de haber tenido un hijo con una menor de edad cuando era presidente.
Morales no ha salido desde octubre del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, donde permanece protegido por cientos de seguidores que impiden su captura.
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