En un interrogatorio histórico frente al Supremo Tribunal Federal de Brasil, el ex presidente Jair Bolsonaro negó este martes las acusaciones que lo señalan como responsable de planificar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Admitió, sin embargo, haber explorado “alternativas constitucionales” para cuestionar los resultados electorales.
Bolsonaro, de 70 años, declaró ante los jueces que todas las discusiones postelectorales se mantuvieron dentro de los límites constitucionales. “Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución, sin salir de sus cuatro líneas”, afirmó el ex presidente, quien es acusado por la Fiscalía brasileña de liderar una “organización criminal” para anular las elecciones y permanecer en el poder.
Este juicio, el primero por golpismo contra un ex mandatario brasileño desde la restauración democrática en 1985, capta la atención nacional e internacional. Bolsonaro enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión por delitos relacionados con la abolición violenta del Estado democrático y por intento de golpe de Estado.
La investigación judicial tiene sus raíces en los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de partidarios del ex presidente atacaron y destrozaron las sedes del Congreso Nacional, el Palacio Presidencial de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, una semana después de la toma de posesión de Lula.
En su defensa, Bolsonaro negó tajantemente ser el mentor intelectual detrás de los disturbios. “No hay un golpe sin liderazgo, sin financiación y con unos pocos miles de personas desarmadas”, sostuvo frente al juez Alexandre de Moraes, a quien durante su mandato dirigió frecuentes ataques verbales.
En la audiencia, Bolsonaro se refirió a sus frecuentes críticas al sistema electoral brasileño como “retórica”, originadas en una desconfianza histórica hacia las urnas electrónicas. Durante casi tres décadas como diputado y durante su presidencia, impulsó el voto impreso y alegó dudas sobre la seguridad del sistema electrónico, aunque admitió no contar con pruebas concretas de fraude.
“Mi retórica siempre fue parecida”, declaró, y explicó que su intención era asegurar mayor transparencia electoral.
Sin embargo, en julio de 2022, Bolsonaro convocó a una reunión con embajadores extranjeros en el Palacio de la Alvorada, donde presentó sin pruebas afirmaciones sobre la supuesta vulnerabilidad de las urnas electrónicas. Alegó que un hacker había accedido al sistema del Tribunal Superior Electoral (TSE) y que las urnas podrían ser manipuladas para favorecer a su oponente. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el TSE.
Además, en noviembre de 2022, después de perder las elecciones, Bolsonaro solicitó al TSE la anulación de votos emitidos en más de 279.000 urnas electrónicas y argumentó supuestas irregularidades. El TSE rechazó esta solicitud por falta de pruebas y calificó la acción como un intento de deslegitimar el proceso electoral.
Estas acciones contrastan con su afirmación de que siempre actuó dentro de los límites constitucionales y que sus críticas eran solo retóricas. La evidencia sugiere que Bolsonaro llevó a cabo una campaña activa para socavar la confianza en el sistema electoral brasileño, lo que contribuyó a la polarización política y a los eventos que culminaron en el asalto a las instituciones democráticas el 8 de enero de 2023.
En el interrogatorio de este martes, el testimonio más comprometedor provino del ex asistente personal de Bolsonaro, Mauro Cid. Este teniente coronel admitió haber entregado al entonces presidente un documento detallado con planes para decretar estado de sitio, arrestar autoridades y establecer un consejo electoral para repetir los comicios.
“Bolsonaro recibió y leyó” dicho documento, aseguró Cid, quien colabora con la justicia para reducir su posible condena.
La defensa de Bolsonaro se centró en los momentos de duda y desmemoria de Mauro Cid. El abogado Celso Vilardi criticó las “contradicciones” y la “memoria absolutamente selectiva” del ex asistente presidencial, y celebró una audiencia “excelente” para los esfuerzos de la defensa por anular el proceso judicial.
No obstante, otros testigos militares del juicio negaron cualquier participación en planes golpistas. Almir Garnier, comandante de la Marina durante el mandato de Bolsonaro, afirmó que nunca discutió medidas para cancelar los resultados electorales ni ofreció tropas militares para apoyar tal plan.
Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, reconoció que un documento con propuestas golpistas fue encontrado en su casa, aunque lo descartó categóricamente por “mal escrito” y poco serio, y se refirió al mismo como una “minuta de Google”.
Otro ex alto funcionario militar, el general Augusto Heleno Ribeiro, aseguró que Bolsonaro descartó cualquier iniciativa ilegal y cerró según él mismo cualquier posibilidad de un golpe.
Durante su testimonio, Bolsonaro resaltó enfáticamente que nunca actuó contra la Constitución brasileña. Reconoció haber insultado a adversarios políticos, incluidos jueces como Alexandre de Moraes, pero insistió: “Insultaba, decía palabrotas, pero hice lo que tenía que ser hecho”.
El juez Alexandre de Moraes, considerado enemigo político por seguidores bolsonaristas, ha liderado diversas investigaciones sobre ataques a la democracia brasileña durante el mandato de Bolsonaro.
El Supremo Tribunal Federal continuará con testimonios, argumentos finales y valoración de pruebas antes de emitir una sentencia que podría transformar radicalmente la vida política del exmandatario ultraderechista.
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