El tribunal de la capital checa determinó que Andrés Alfonso de la Hoz de la Cruz recibió instrucciones a través de la aplicación de mensajería Telegram y que se le prometió una recompensa de 3.000 dólares por sus acciones.
Esta revelación se suma a la preocupación de las autoridades sobre la posible vinculación del caso con operaciones de influencia extranjera, en particular con Rusia. El lunes, el Tribunal Municipal de Praga sentenció al ciudadano colombiano a ocho años de prisión por un ataque incendiario y por planear otro atentado, según informó The Associated Press.
El fallo judicial también obliga a de la Hoz de la Cruz a pagar una indemnización de 115.000 coronas checas (5.300 dólares) por los daños ocasionados. El tribunal aprobó un acuerdo de culpabilidad entre los fiscales y el acusado, quien admitió su responsabilidad en los hechos.
El hombre, de 26 años, fue arrestado hace un año tras incendiar tres autobuses públicos en un estacionamiento de Praga durante la noche.
El acusado no solo ejecutó el ataque contra los autobuses, sino que también planeaba un segundo atentado, posiblemente dirigido a un cine en la ciudad. El tribunal consideró que las instrucciones que recibió a través de Telegram y la promesa de pago sugieren la existencia de una red organizada detrás de estos actos.
El primer ministro checo, Petr Fiala, declaró anteriormente que el ataque incendiario frustrado “probablemente era parte de la guerra híbrida de Rusia contra su país”. Esta afirmación refuerza la hipótesis de que el atentado formaba parte de una campaña más amplia de desestabilización impulsada desde Moscú.
La postura de la República Checa frente a la invasión rusa de Ucrania ha sido de apoyo firme a Kiev. Desde el inicio de la guerra a gran escala el 24 de febrero de 2022, funcionarios occidentales han acusado a Rusia y a sus representantes de organizar decenas de ataques y otros incidentes en toda Europa.
Este tipo de acto busca sembrar división en las sociedades europeas y debilitar el respaldo a Ucrania.
Funcionarios occidentales han identificado patrones similares en otros países europeos, donde individuos han sido reclutados o incentivados para llevar a cabo actos de sabotaje, incendios y otros delitos con el objetivo de crear inestabilidad.
El uso de aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram ha facilitado la comunicación entre los organizadores y los ejecutores de estos ataques, dificultando la labor de las fuerzas de seguridad para rastrear y prevenir nuevos incidentes.
La respuesta de las autoridades checas ha sido contundente. El tribunal no solo impuso una pena de prisión significativa, sino que también estableció la obligación de reparar económicamente los daños causados. Esta decisión busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de los delitos relacionados con la seguridad pública y la posible injerencia extranjera.
“El tribunal consideró que las instrucciones que recibió a través de Telegram y la promesa de pago sugieren la existencia de una red organizada detrás de estos actos.”
El incidente ha generado preocupación en la sociedad checa y en otros países europeos sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas y espacios públicos frente a ataques de este tipo.
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