Detenido en Chile exoficial condenado a prisión perpetua por masacre en tiempos de Pinochet

Durante exactamente 15 meses, el exteniente de Carabineros Alberto Juan Fernández Michell logró eludir a la justicia chilena tras ser condenado a cadena perpetua por su participación acreditada en los homicidios de 19 trabajadores en septiembre de 1973, la llamada Masacre Laja-San Rosendo.

Este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo en un Centro de Salud local en la ciudad de Iquique (1,760 kms al norte de Santiago), y fue trasladado de inmediato hasta el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, a fin de cumplir con la sentencia emitida por el ministro Waldemar Koch Salazar, a cargo de causas de derechos humanos en las Cortes de Apelaciones de las ciudades de Concepción y Chillán.

La masacre

Luego de un largo juicio, Fernández Michell fue hallado culpable en calidad de autor de los homicidios calificados perpetrados la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan, ubicado en la comuna de Yumbel, región del Biobío.

Las 19 víctimas, quienes era trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y de Ferrocarriles del Estado (EFE), fueron detenidas ilegalmente entre el 13 y el 16 de septiembre en las localidades de Laja y San Rosendo. La madrugada del 18 los subieron a un bus que tomó camino a Los Ángeles y guiados por un agricultor llamado Peter Wilkens, llegaron al Fundo San Juan.

Allí, en un bosque de pinos, con los detenidos amarrados e indefensos, los obligaron “a tenderse en el suelo, boca abajo, al borde de una depresión del terreno y mientras eran alumbrados por los focos de los vehículos de esta caravana, dispuso (Fernández Michell) que los funcionarios policiales se ubicaran frente a ellos y desenfundando su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros que estaban posicionados en la línea de tiro, disparando sus armas e impactando a las víctimas con múltiples impactos balísticos en sus cuerpos, causándole la muerte en el acto”, según reza el fallo.

Luego, fueron los mismos carabineros quienes cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con ramas y tierra.

Sin embargo, un mes después, un agricultor de la zona avisó a carabineros de Yumbel que sus perros habían desenterrado osamentas humanas. Y aunque la denuncia fue enviada al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, la jueza Corina Mera ordenó esconder el parte oficial.

Debido a esto, el teniente Fernández se dirigió con un piquete al sitio del suceso y ordenó exhumar los cuerpos y volverlos a enterrar en una fosa clandestina del Cementerio de Yumbel, donde aparecieron seis años después.

La investigación del magistrado Koch Salazar logró acreditar la responsabilidad de Fernández Michell en todos estos hechos, en concomitancia con otros agentes del Estado y civiles, en el contexto de la represión sistemática que se llevó a cabo las semanas posteriores al Golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Así, la denominada “Masacre de Laja-San Rosendo” pasó a convertirse en uno de las casos más emblemáticos e impactantes de esa oscura época, que con la captura de uno de sus principales responsables cierra un capítulo y trae tranquilidad a las familias de las víctimas, a saber:

Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.