Inflación en Bolivia: el Gobierno anunció acciones legales contra las alcaldías que no controlen mercados

El Gobierno de Bolivia pidió a las alcaldías municipales asumir la tarea de combatir la especulación del costo de la canasta familiar, mediante la fiscalización de precios de los alimentos en los mercados. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que de incumplir esa obligación se iniciarán acciones legales contra los funcionarios municipales.

“Las intendencias se han creado para controlar que no haya agio y especulación, no para regular ni para fijar precios”, explicó Silva en entrevista con el canal estatal Bolivia Tv. El viceministro indicó que varias alcaldías no están asumiendo esta responsabilidad, lo que en coyunturas de crisis económica como la actual provocaría el ocultamiento de productos y el consecuente incremento de su precio.

Silva indicó que si no realizan los controles eficientemente, el Gobierno presentará una acción ante la Justicia. “Vamos a presentar una acción de cumplimiento para que todas las autoridades municipales cumplan (esta competencia) obligadamente, el que no cumple se somete a un proceso por incumplimiento de resoluciones”, advirtió.

Estas acciones se dan en el marco de la crisis económica que enfrenta el país, marcada por la escasez de dólares de hace más de dos años que ha provocado el surgimiento de un mercado paralelo de divisas y el alza sostenido del costo de vida. En los últimos meses, hubo desabastecimiento de algunos productos específicos y un aumento significativo de su precio, como la carne de res o el aceite refinado, que actualmente se vende de manera racionada.

En paralelo, los bolivianos vienen enfrentando periodos de escasez de combustibles, lo que provoca largas filas en las estaciones de servicio y perjudica el trabajo de sectores estratégicos, como la agroindustria o el transporte. El país depende de las importaciones (compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que consume internamente) y además lo subvenciona, lo que ha debilitado aún más su economía.

Esta situación ha provocado protestas de parte de la población que exigen soluciones al Gobierno. La administración de Luis Arce sortea los últimos meses de su gestión acusando a la Asamblea Legislativa Plurinacional por no aprobar créditos millonarios que aliviarían la crisis y asumiendo acciones coyunturales como el aumento de los controles en las fronteras terrestres para evitar la venta ilegal de productos, requisando comercios para evitar el agio de productos o autorizando la importación de combustible a empresas privadas.

Las proyecciones para este y el próximo año no son alentadoras. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que las medidas económicas actuales son insostenibles y han instado a las autoridades asumir acciones radicales en el modelo económico, como realizar un ajuste fiscal gradual, una devaluación inicial del tipo de cambio para restablecer la estabilidad macroeconómica, reducir gradualmente los subsidios a los combustibles y controlar el gasto público, entre otras acciones.

A este panorama se suman también las tensiones políticas de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto, para las que están registradas diez alianzas pero varias enfrentan recursos legales que podrían inhabilitarlas, en medio de reclamos por la “judicialización” de los comicios, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país.

Esta semana inició una nueva ola de protestas en el país con al menos nueve puntos de bloqueo y el anunció de otros piquetes a partir del miércoles. Varios sectores sociales reclaman por la crisis económica y piden la renuncia del presidente Arce, a lo que se suman las manifestaciones de los leales al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) que piden su habilitación para terciar las elecciones de agosto.