El asesinato que conmovió a Uruguay y llevó a Mujica a promover la legalización de la marihuana

Dos adolescentes, vestidos con prendas deportivas y gorras de colores, llegaron a una pizzería muy popular de Montevideo y pidieron una Coca Cola. Detrás del mostrador había tres empleados. Cuando les dieron el refresco, uno de los jóvenes sacó el arma y disparó. Uno de los trabajadores quedó tendido. Los otros, rendidos y aterrorizados. Sobre el suelo, una gran mancha roja.

Los delincuentes se llevaron la recaudación de la caja de La Pasiva, ubicada en la intersección de la avenida 8 de Octubre y Garibaldi, muy cerca de la Universidad Católica del Uruguay, el Gran Parque Central y el Parque Batlle de Montevideo.

La rapiña quedó filmada y los noticieros mostraron cientos de veces cómo ocurrió la muerte de Gastón Hernández, un hombre de 34 años, padre de cinco hijos. El crimen causó una fuerte indignación en la opinión pública, como recordó el libro Marihuana oficial. Crónica de un experimento uruguayo, de los periodistas Cristina Müller y Guillermo Draper, publicado en 2017.

Pero, ¿cuál es el vínculo entre ese crimen del 11 de mayo de 2012 con la marihuana?

La presión social crecía. Los políticos de la oposición intensificaron sus reclamos contra el ministro del Interior de entonces, Eduardo Bonomi. El presidente de la República, José Mujica, sabía que tenía que tomar medidas. Y, entonces, actuó en reserva.

Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, murió este martes a sus 89 años.

En aquel 2012, Mujica reunió a sus ministros más fieles más de 10 veces y se propuso trabajar en silencio, sin contar nada a la prensa. Hubo reuniones en el Ministerio de Defensa, en la casa de gobierno, en la chacra del mandatario. Mujica quería tomarse un tiempo para discutir qué hacer ante la crisis de seguridad y no actuar en caliente.

Más de un mes después del crimen, el 19 de junio, el presidente Mujica habló en cadena nacional y reconoció que la sociedad enfrentaba una crisis de convivencia. “Si la vida es el valor primero, nada más importante que la paz, nada más importante que la tranquilidad. Ni la droga ni la cárcel pueden ser una opción. Son una desgracia. No podemos seguir fracturando y perdiendo vidas”, reflexionó. No hizo referencia a la marihuana, pero faltaba poco para que el anuncio se conociera.

La Policía uruguaya –reconstruyen los autores del libro– informaba que el narcotráfico tenía una incidencia cada vez mayor en el delito. Los narcos recurrían a sicarios para resolver sus problemas. Las autoridades se enfrentaban a un negocio con retornos económicos “acordes con su altísima variable de riesgo y cuyo combate engordaba la burocracia de los aparatos represivos”, señala la publicación.

Eleuterio Fernández Huidobro era el ministro de Defensa de Mujica. Era alguien cercano a él, de los años de la guerrilla. Fernández Huidobro creía que al narcotráfico no había que combatirlo por la vía represiva sino por la económica: quitándole mercado. Con la prohibición, el tráfico ilegal seguiría creciendo, tal como había ocurrido con la ley seca en Estados Unidos.

Esa era la idea detrás de la legalización de la marihuana: reducir el poder del narcotráfico.

Fernández Huidobro no tuvo mayores inconvenientes para convencer a Mujica, recuerda Marihuana oficial. Crónica de un experimento uruguayo. En las primeras dos reuniones, nació un modelo alternativo al combate contra la producción de droga, que buscaba pegarle en el bolsillo al narcotráfico.

A los días, los ministros de Interior, Defensa y Desarrollo Social presentaron una batería de medidas. La mayoría quedaron en el olvido, pero una de ellas recorrió el mundo: “Legalización regulada y controlada de la marihuana, con un fuerte control desde el Estado sobre la producción”.

Las autoridades entendían que no había argumentos de peso para mantener la prohibición de la marihuana, la principal sustancia del mercado ilegal de drogas. Creían que en Uruguay había un doble discurso: a principios de siglo, se podía comprar cocaína y otras sustancias en las farmacias; en ese entonces, las drogas se vendían solo en la oscuridad.

“Uruguay vuelve a liderar la liberalización en la religiosa Latinoamérica”, tituló AFP; “Sudamérica ve el camino a la legalización”, destacó The New York Times; “La Holanda de Sudamérica”, definió El País de Madrid.

Desde que se aprobó la ley en 2013, hubo tres administraciones diferentes en Uruguay. La siguiente a la de Mujica, encabezada por el frenteamplista Tabaré Vázquez, fue la que comenzó con la implementación de la venta. El tercer gobierno, de Luis Lacalle Pou, llegó con una orientación ideológica diferente pero continuó con la implementación de la regulación del cannabis.

Desde que se habilitó la venta, más de 75 mil personas se registraron para comprar marihuana en las 40 farmacias habilitadas; hay cerca de 15 mil personas que se inscribieron en clubes de membresía; y 11.465 que están habilitadas para el cultivo doméstico.

Mujica nunca fumó porro –o, al menos, hasta la publicación de ese libro–. Sus drogas fueron el whisky y el tabaco. Y se reía de la idea de autorizar el cultivo de cannabis. Cuando asumió como presidente de Uruguay, el 1° de marzo de 2010, repitió tres veces la palabra educación, como la palabra clave de su administración. Sin embargo, su mandato quedó para el recuerdo como la administración que rompió con la prohibición de las drogas.