A tan solo una semana de la segunda vuelta presidencial en Ecuador –planificada para el 13 de abril–, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha notificado la admisión a trámite de una denuncia contra la candidata correísta Luisa González por presunta violencia política de género. La denuncia fue presentada por Manuel Peñafiel Falconí, adherente del movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), que apoya la candidatura del presidente Daniel Noboa, contrincante directo de González en el balotaje del próximo domingo.
Según el auto de sustanciación emitido el 5 de abril de 2025 por el juez electoral Guillermo Ortega Caicedo, la denuncia ingresó oficialmente un día antes, acompañada de documentos y un dispositivo de almacenamiento con cuatro archivos de video en formato MP4. Estos materiales fueron presentados como evidencia de una supuesta infracción electoral muy grave, tipificada en los artículos 279 numeral 14 y 280 numerales 1, 3 y 7 del Código de la Democracia. Aunque el contenido específico de los videos aún no ha sido divulgado por el tribunal, el denunciante asegura que en ellos se evidenciarían expresiones o actos de la candidata presidencial que configuran violencia política de género.
El TCE ha dado un plazo de dos días al denunciante para que aclare y complete los requisitos formales de la denuncia, como los datos personales y representación legal, la descripción detallada de los hechos y actos denunciados, la especificación de los agravios causados, los preceptos legales presuntamente vulnerados, y una explicación sobre cómo las pruebas aportadas sustentan las acusaciones. En caso de que no se cumplan estos requisitos en el tiempo previsto, la causa será archivada conforme lo establece el artículo 245.2 del Código de la Democracia.
El juez también autorizó la actuación del abogado Freddy Alcívar Pinargotty como defensor del denunciante, y ordenó que se notifique formalmente al mismo a través de medios electrónicos. Asimismo, dispuso que todos los días y horas sean considerados hábiles para la tramitación de esta causa, debido a que se enmarca dentro del proceso contencioso electoral vigente para los comicios generales de 2025.
La denuncia contra González ocurre en un momento político decisivo. La candidata de la Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente, sentenciado en Ecuador y refugiado en Bélgica, Rafael Correa, ha enfrentado críticas de distintos sectores políticos durante toda la campaña. Sin embargo, esta es la primera acusación formal de violencia política de género que se ventila en la instancia electoral superior a tan pocos días de una elección crucial.
El Código de la Democracia tipifica la violencia política de género como toda acción u omisión que, de forma directa o indirecta, basada en el género, cause daño o sufrimiento a una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos o que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de dichos derechos. En este contexto, la figura penal no solo abarca agresiones físicas o verbales, sino también prácticas discriminatorias, difamaciones y obstaculización del ejercicio político.
De acuerdo con la legislación ecuatoriana, en caso de que el Tribunal determine que existió una infracción muy grave por violencia política de género, las sanciones podrían incluir una multa de hasta 70 salarios básicos unificados, la suspensión de derechos de participación por hasta dos años, o incluso la destitución del cargo de elección popular, si la persona denunciada ya estuviera en funciones. En el contexto de una candidatura presidencial, una sanción de este tipo podría tener repercusiones significativas, especialmente si interfiere con el ejercicio de derechos políticos o afecta la elegibilidad de la persona sancionada.
Hasta el momento, ni Luisa González ni su equipo de campaña han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia. La candidata ha continuado con sus actividades proselitistas en distintas provincias del país. Su contrincante, Daniel Noboa, tampoco ha comentado el tema, aunque su movimiento ADN es el mismo al que pertenece el denunciante.
El caso ahora está en manos del TCE, que deberá decidir si la denuncia cumple con los requisitos legales y si procede su admisión formal para investigación. Dado el carácter electoral del proceso, cualquier resolución podría tener implicaciones importantes en la recta final de la campaña presidencial, no solo en términos jurídicos, sino también en la percepción pública y el debate político.
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