
A propósito de la invitación que hizo el presidente de Bolivia Luis Arce a varios actores políticos para dialogar sobre “la estabilidad y la democracia” en medio de la aguda crisis de combustible que enfrenta el país, algunos políticos rechazaron la convocatoria y presentaron su propuesta para resolver el desabastecimiento de manera estructura.
El ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) sugirió una estrategia para superar la crisis de desabastecimiento que pasa básicamente por cambiar la política de la subvención estatal y recortar los gastos en inversión pública.
A través de una carta, Mesa citó los tres puntos que considera más críticos: la inexistencia de dólares, el desabastecimiento crónico de hidrocarburos y la creciente inflación. En ese sentido, recomendó “reducir la ejecución de la estéril inversión pública; tomar una decisión inmediata sobre la subvención de hidrocarburos y encontrar mecanismos financieros multilaterales que le permitan una provisión de divisas para salvar al Estado y a la sociedad en su conjunto del “corralito” de dólares que nos está llevando al abismo”. El ex presidente también añadió que es importante liberar las exportaciones y garantizar la entrega de carburantes para la agroindustria.
“Tal como ha manejado hasta ahora la economía, estamos ante el riesgo de afrontar una situación política y social insostenible, que puede poner en cuestión la elección y la estabilidad del país”, señaló en la misiva dirigida al presidente Arce.

De igual forma, el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, que también lidera la fuerza opositora Creemos, sostuvo a través de sus redes sociales que es imperioso cambiar el modelo económico del Estado. “La crisis no se arregla con más créditos, sino con un cambio de modelo”, escribió desde el penal de Chonchocoro, en El Alto, donde está recluido desde finales de 2022 por acusaciones relacionadas a los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales.
El político cruceño manifestó que el diálogo al que invitó el presidente este martes “no es para salvar Bolivia, sino para salvarse él”.
La cumbre convocada por el Gobierno se realiza la mañana de este martes en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, a donde llegaron presidentes de otros órganos del Estado, líderes políticos y algunas de las personas que se perfilan como candidatos para las elecciones de agosto y que en la actualidad no tienen ninguna representación institucional, lo que provocó críticas sobre el objetivo del encuentro.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó que es “fundamental promover reuniones urgentes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las fuentes financiadoras para encontrar soluciones inmediatas a esta crisis” pero criticó que se hubiera citado a jueces de las altas cortes cuyos mandatos fenecieron y no fueron renovados por fallos judiciales que lo impidieron y también a “precandidatos para discutir temas electorales o políticos”.

Desde inicios de mes, Bolivia enfrenta una de las mayores crisis de desabastecimiento de diésel y gasolina con una dotación que apenas supera la mitad de la demanda, lo que provocó extensas filas de vehículos para llenar sus tanques.
En medio del creciente malestar, el Gobierno dispuso diez medidas para reducir el consumo y admitió que la escasez se debe a la falta de liquidez en dólares. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aceleró en los últimos días los despachos de diésel y gasolina y aseguró que en esta semana se llegaría al 80% de distribución.
Entre tanto, el presidente Luis Arce exige que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos externos por 1.600 millones de dólares para aumentar el flujo de divisas en el país y calificó el retraso en la aprobación como un “boicot” contra su Gobierno. Varios analistas coinciden en que los créditos solo permitirán abastecer de combustible por algunos meses pero no resolverán el problema de fondo.
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