Varios sectores anunciaron movilizaciones esta semana en protesta contra la administración de Luis Arce en Bolivia que enfrenta la mayor crisis de combustible de su gestión. Este lunes inició la tercera semana con suministro irregular de diésel y gasolina, que se agudizó el pasado martes luego de que el Gobierno admitiera que no puede cubrir el 100% de la demanda por falta de dólares y dispusiera medidas para reducir el consumo.
El denominado Comité Multisectorial -integrado por sectores productivos y comerciantes principalmente- iniciará el martes una marcha de 98 kilómetros desde la localidad paceña de Patacamaya a la sede de Gobierno, y los transportistas de la ciudad de El Alto postergaron un paro indefinido que debía a iniciar este lunes y se prevé que arranque el miércoles.
De igual forma, los cooperativistas mineros, que hasta ahora habían sido aliados al Gobierno, dieron un plazo de 72 horas para solucionar la escasez de combustible y atender otras demandas del sector. El viernes hubo una protesta en las oficinas de la estatal petrolera en Santa Cruz, donde decenas de personas pegaron carteles en reclamo por la falta de combustible y lanzaron basura a las instalaciones.
En medio de la presión, el Gobierno aceleró la dotación de combustible y anunció que se tiene previsto pasar del 50% al 80% de despachos en los próximos días para cubrir la demanda local y aseguró que el abastecimiento está “en proceso de estabilización”. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la llegada de tres buques con 90 millones de litros de combustible al puerto de Arica, en el norte de Chile y según una nota de prensa, para la semana del 15 al 21 de marzo, se planificó un volumen superior a 46 millones de litros de diésel y más de 20 millones de litros de gasolina.
“Nuestro compromiso es firme y estamos realizando un trabajo constante para asegurar que los despachos se realicen desde todas las plantas de almacenamiento a nivel nacional”, manifestó el presidente Arce en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Pese a los anuncios, las largas filas de vehículos no cesan en todas las ciudades del país. En Santa Cruz de la Sierra, conductores reportan esperas de hasta más de 30 horas para abastecer sus tanques y deben dejar sus autos en la fila para no perder su turno, lo que ha provocado caos vehicular en calles y avenidas que están ocupadas con vehículos que esperan llenar sus tanques. El suministro irregular también ha causado una disminución en el flujo del transporte público, retrasos en servicios básicos como el recojo de basura, y escasez de varios productos alimenticios en algunas ciudades.
El problema del combustible es estructural en Bolivia debido a que el país depende de las importaciones. Según datos oficiales, para abastecer el mercado interno, debe comprar el 86% del diésel y el 56% de la gasolina, lo que ha supuesto un gasto de más de 3.300 millones de dólares en 2024.
Además del costo de la adquisición, el Estado subvenciona los carburantes y lo vende a un precio tres veces más bajo, lo que no solo ha debilitado su economía sino que ha dado lugar al surgimiento de redes de contrabando que venden ilegalmente el combustible en las fronteras. Según el Gobierno, esto representa una pérdida anual de 600 millones de dólares.
A la baja producción local y la dependencia de las importaciones, se suma la crisis financiera que enfrenta el país marcada por la escasez de dólares, evidente desde inicios de 2023. Para paliar la falta de combustible, el Gobierno exige a la Asamblea Legislativa la aprobación de 1.660 millones de dólares en créditos externos para aumentar el flujo de divisas en el país.
Algunos analistas ven que la liberación de estos fondos no resolverá el problema de fondo y ven necesario realizar otros ajustes como impulsar las exportaciones para aumentar el flujo constante de divisas, reducir el gasto público y eventualmente levantar la política de subsidios, entre otras medidas.
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