Las medidas dispuestas por el Gobierno de Bolivia para sobrellevar la escasez indefinida de combustibles generó rechazo de varios sectores que las consideran insuficientes y exigen acciones para resolver el problema de fondo.
Bolivia enfrenta desde hace más de un año periodos cada vez más frecuentes y prolongados de desabastecimiento de diésel y gasolina, debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación por la falta de liquidez de dólares que enfrenta.
La última crisis se agudizó luego de un anuncio realizado el lunes por el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes admitieron lo que muchos en el país advertían: la escasez es por falta de dólares, ya no se puede cubrir la demanda habitual y el problema no se resolverá en el corto plazo.
Este miércoles, el presidente Luis Arce lanzó diez medidas para reducir el consumo de carburantes y sobrellevar el desabastecimiento, como priorizar el suministro a industrias estratégicas, reducir el parque automotor público, modificar el horario laboral y autorizar las clases escolares virtuales, entre otras medidas.
“Las ‘soluciones’ se repiten, la crisis avanza”, escribió Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco). “Mientras tanto, escasean los dólares, el combustible y las ideas. ¿Hasta cuándo este modelo agotado? ¿hasta cuándo este “nuevo normal” de crisis permanente?”, agregó.
El Comité Cívico de Santa Cruz se reunió con legisladores cruceños para tratar el tema y anunciaron una declaratoria de emergencia departamental. “Quieren tenernos encerrados trabajando, que los chicos estén estudiando de manera virtual, para que no haya colas en los surtidores y así ellos puedan volver a salir a mentir y decir que están vacíos porque hay normal distribución”, manifestó el presidente cívico Stello Cochamanidis.
Mientras las filas de vehículos crecen tanto como el descontento, varios sectores piden buscar soluciones de fondo para aumentar la dotación de carburantes. Los empresarios de Cochabamba plantean realizar una cumbre entre actores públicos y privados para tratar la liberación de la importación e impulsar las exportaciones para garantizar una fuente de divisas. En el último mes hubo restricciones para exportar soya y carne de res con el objetivo de abastecer el mercado interno a precios justos.
Entre tanto el Gobierno exige la aprobación de créditos externos que están varados en la Asamblea Legislativa y cuyo monto asciende a al menos 1.200 millones de dólares para más de una decena de proyectos. Sin embargo, los analistas sostienen que el dinero no es de libre disponibilidad y que aún si lo fuera solo alcanzaría para abastecer combustible por unos cuantos meses.
La importación de carburantes representa uno de los mayores gastos públicos en Bolivia, que importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para su mercado interno. Según datos oficiales, en 2024 el Estado destinó 3.349 millones de dólares en la compra de combustible y para este año se presupuestaron 56 millones de dólares semanales.
El producto además es subvencionado y vendido al consumidor final a un precio más barato que el de la compra, lo que ha debilitado más la economía y ha dado lugar al surgimiento de redes de contrabando en las fronteras. Se estima que se pierden 600 millones de dólares anuales por la venta irregular por lo que, entre las medidas anunciadas por el presidente Luis Arce, se van a reforzar los controles fronterizos para evitar el comercio ilegal.
La falta de carburantes, sumada a la escasez de dólares y el incremento constante de los precios de la canasta familiar, están poniendo al Gobierno contra las cuerdas en sus últimos meses de gestión. La administración de Luis Arce responsabiliza a los anteriores gobiernos de Evo Morales (2006-2019) por la crisis económica y la debacle de la industria petrolera, pese a que él mismo fue ministro de Economía durante casi todos esos años y fue considerado por muchos el autor del “milagro económico” que vivió el país durante más de una década y que parece haber llegado a su fin.
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