
Al menos ocho personas fueron asesinadas por sicarios en lo que va del año en Bolivia, en en cuatro balaceras ocurridas en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, en los que también se hirieron a tres personas. Estos hechos ponen de manifiesto la expansión de organizaciones criminales presuntamente vinculadas al narcotráfico y generan preocupación en la población.
Según un recuento del periódico El País, la Policía logró detener a ocho involucrados en el primer hecho de violencia, pero de todos los demás no hay ningún detenido.
El abogado y experto en Seguridad, Jorge Santistevan, atribuye la recurrencia de estos hechos a la penetración de mafias internacionales ante la debilidad del Estado. El experto sostiene que organizaciones criminales que en sus países son reprimidas y desplazadas, llegan a Bolivia a través de fronteras vulnerables y encuentran “una gran oportunidad para entrar al crimen organizado”.
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Santistevan teme que en el futuro las mafias den una respuesta contundente a los intentos de represión de los siguientes gobiernos. “Cuando se llega a la represión militar y policial, la respuesta de las mafias es contundente. En Bolivia no hay respuesta contundente porque no tienen contra quien pelear, pero cuando empiece una represión frontal de parte de un próximo gobierno, le aseguro que los enfrentamientos van a ser similares (a los de otros países)”, explicó y advirtió que los siguientes gobernantes encontrarán en el país mafias fuertes y “con mucha capacidad de empleo de personas y armamento”.

Cuatro casos, ocho fallecidos
El primer hecho ocurrió en la región cocalera de Entre Ríos, en Cochabamba, donde el 12 de enero una familia fue interceptada por un vehículo del que salieron dos personas y les dispararon 18 veces. En este hecho murió una menor de cinco años, el padre quedó herido y la madre sobrevivió. Días más tarde, el coronel de la Policía coronel Edson Claure, confirmó la captura de cinco brasileños y tres bolivianos involucrados en este hecho.
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El 19 de febrero, los cadáveres de cuatro hombres fueron encontrados en una hacienda del municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. Todos habían muerto por múltiples disparos. Más tarde apareció otro cuerpo en un municipio cercano. Por este caso se han establecido diversas hipótesis, una de ellas involucra al Comando Vermelho, una mafia brasileña que disputa el poder con el Primer Comando Capital. Ninguna persona ha sido detenida por este caso.
El mismo día en el que estos hombres fueron encontrados muertos, en Santa Cruz de la Sierra otro crimen conmocionó a la ciudad. El capitán de la Policía, José Carlos Aldunate fue muerto a tiros cuando salía de su garaje junto a su hija de cinco años. Según los videos de las cámaras de seguridad aledañas, un vehículo interceptó el suyo cuando salía de su domicilio, se bajaron dos personas, le dispararon varios veces y huyeron.
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Las investigaciones preliminares señalan que los autores del crimen y el conductor escaparon al aeropuerto El Trompillo donde abordaron una avioneta que había estado incautada en un caso de narcotráfico, pero que días antes la justicia ordenó su liberación. Desde la clandestinidad, uno de los presuntos criminales rompió el silencio y negó haber cometido el asesinato, complicando aún más la investigación.
Aldunate era un policía de alto rango y colaborador cercano del viceministro de Régimen Interior y ex comandante de la Policía Jhonny Aguilera.
El último caso se reportó el 20 de febrero en la ciudad de Bermejo, fronteriza con Argentina. Un hombre identificado como Daniel Jaramillo Farfán salió a celebrar una fiesta local, cuando un sicario bajó de una motocicleta para abatirlo con cinco balazos y también herir a dos de sus acompañantes.
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Según El País, no era la primera vez que Jaramillo fue víctima de un ataque. Semanas antes, el 4 de febrero, intentaron matarlo con un disparo cuando estaba con su familia. El joven se habría renunciado a sentar la denuncia, por lo que se presume que se trata de un ajuste de cuentas.

Según Gabriela Reyes, criminóloga y ex ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas los crímenes tienen algunos rasgos en común como que están relacionados al narcotráfico y que se ejecutan con altos niveles de violencia.
Sin embargo, menciona que algunos responden aparentemente a pugnas de poder y territorio, mientras que otros serían ajustes de cuentas o venganzas. Para la criminóloga, uno de los problema que permite la continuidad de estos hechos, es que pese a la desarticulación de bandas delictivas y el apresamiento de los cabecillas, éstos siguen operando desde las cárceles.
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