
La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo Gran Fénix 08, una acción de gran escala que permitió desarticular una estructura criminal vinculada a los grupos armados organizados (GAO) Los Lagartos y Comandos de Frontera.
El operativo se llevó a cabo en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Tungurahua, El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, y resultó en la captura de 14 personas, incluidas dos identificadas como Objetivos de Alto Valor (OAV) y uno de Intermedio Valor (OIV). Además, se incautaron 7,8 toneladas de drogas y se confiscaron vehículos y armas de fuego.
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Según la información oficial, la investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) y la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas (UIAN) duró dos años y reveló el funcionamiento de una organización transnacional dedicada al narcotráfico. Esta red criminal operaba a través de múltiples bases en fincas y establecimientos de fachada, estableciendo rutas de tráfico que abarcaban provincias estratégicas como Manabí, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas, Pichincha, Santa Elena, Chimborazo, Santo Domingo y Durán.
Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 15 allanamientos en puntos clave, incluyendo Lago Agrio, Orellana, Loreto, Ambato sur, Buena Fé Oeste y Pascuales. En estos operativos se logró la detención de los presuntos cabecillas y objetivos de alto valor: Darwin G., alias Patrón y Marcelo Q., alias Cerapo, capturado en Sucumbíos. También en Santo Domingo de los Tsáchilas capturaron al objetivo de intermedio Juan S., alias Ratón, capturado en Santo Domingo de los Tsáchilas (OIV)
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Además, otras 11 personas fueron detenidas, algunas con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
La Policía informó que tras dos años de trabajo investigativo, los uniformados ejecutaron 25 operaciones que resultaron en 62 personas detenidas vinculadas a la organización criminal, 14 de ellas capturadas en esta fase. También hubo más de 7,8 toneladas de droga incautadas, incluyendo 7,8 toneladas de clorhidrato de cocaína y 28,6 kilos de marihuana. Además se registró la retención de 37 vehículos utilizados por la organización para sus actividades ilícitas y se incautaron 6 armas de fuego.
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Según la Policía Nacional, la droga incautada equivale a aproximadamente 78 millones 411 mil dosis que fueron retiradas del mercado ilegal.
Una crisis de seguridad sin precedentes

Este operativo se desarrolla en un contexto de crisis de seguridad sin precedentes en Ecuador, donde la violencia ligada al crimen organizado ha alcanzado niveles alarmantes. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento exponencial en homicidios violentos, atribuidos en gran parte a la disputa territorial entre grupos criminales vinculados al narcotráfico.
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Ecuador, tradicionalmente un país de tránsito de drogas, se ha convertido en un punto estratégico del crimen organizado transnacional. La ubicación geográfica del país y su extensa costa han facilitado que grupos criminales internacionales establezcan operaciones en territorio ecuatoriano. A esto se suma el control que ejercen bandas locales sobre rutas de tráfico de drogas, sicariato y extorsión.
Según cifras oficiales, en 2024 se registraron más de 6.954 homicidios violentos. Ciudades como Guayaquil, Manta y Esmeraldas han sido epicentros de enfrentamientos entre grupos armados que buscan controlar las rutas del narcotráfico.
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El grupo Los Lagartos ha sido incluido como uno de los actores del crimen organizado en el país, según el decreto de conflicto armado interno del 9 de enero de 2024.

Las autoridades han calificado este operativo como un golpe significativo contra el crimen organizado, pero la lucha contra estas redes criminales sigue siendo un desafío constante. La capacidad de adaptación de estas estructuras y la debilidad institucional han permitido que sigan operando con impunidad en varias regiones del país.
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Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano ha endurecido sus estrategias de seguridad, incluyendo la declaratoria de estados de excepción, patrullajes militares y la construcción de nuevas cárceles para contener a los líderes criminales. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas no son suficientes sin una política integral que aborde las causas estructurales de la violencia, como la corrupción, la falta de oportunidades económicas y la debilidad del sistema judicial.
Tras el operativo, la Policía Nacional reafirmó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En un comunicado oficial, la institución aseguró que continuará con acciones coordinadas para desmantelar las estructuras criminales y mejorar la seguridad ciudadana.
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