
El 2023 estuvo caracterizado en Uruguay por una grave sequía, que generó pérdidas millonarias para el agro y que dejó al área metropolitana con problemas de abastecimiento. La falta de lluvias de las últimas semanas en el país genera una alerta para el campo uruguayo y reabre debates que se discutieron durante la peor etapa del déficit hídrico.
Lo que predomina en el sector productivo es la incertidumbre. Los datos que maneja el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) muestran que en 2023 hubo una sequía aguda, en 2024 una buena cantidad de agua y que, ahora, la falta de agua en el suelo es notable, según informó el diario uruguayo El País.
El presidente de OSE –la empresa estatal encargada del suministro de agua–, Raúl Montero, declaró a ese medio que los acuíferos aún no se recuperan y que siguen mostrando los efectos de la última crisis hídrica, que derivó en que durante días el agua en la capital sea salada. “El agro necesita que llueva en toda la superficie porque necesita un riego general que no se interrumpa. Nosotros precisamos que nuestros cauces no se corten”, sostuvo.

Los ríos y afluentes que son fuente del agua potable que llega a los hogares continúan con caudales bajos. “Todavía no se han recuperado completamente del déficit hídrico de los últimos tres años”, explicó el presidente de OSE.
En este contexto, una discusión que se recuerda como pendiente es la instalación de un sistema de riesgo que implica, por ejemplo, la perforación de pozos o la construcción de represas. La implementación de una medida como esta podría derivar en un aumento de la productividad de un 150%, según las estimaciones del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres).
Uruguay atraviesa esta etapa de alerta en un período de transición. El 1° de marzo el Frente Amplio regresará al poder en Uruguay con Yamandú Orsi. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca asumirá Alfredo Fratti, un dirigente promovido por el ex presidente José Mujica.

La planificación del manejo del agua serán temas centrales y prioridades en la gestión, y estudiará en detalle esta situación, declaró a El País. “Lo principal es que cada establecimiento cuente con agua suficiente para el ser humano y la producción”, explicó.
En 2017, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se aprobó una ley de riesgo que hasta ahora ha generado poco interés, según el futuro jerarca. “Cuando se plantea el riego multipredial, hay que pensar en una combinación público-privada porque no creo que el Estado pueda llevarlo adelante solo”, señaló.
El vicepresidente de la Federación Rural, Emilio Mangarelli, dijo que este año habrá falta de agua pero no sequía. Destacó que gracias a los desastres del 2023 “el riesgo se instaló en la agenda política y todos los partidos políticos ven lo importante del tema”. El empresario señaló que es necesario representar el sistema productivo.

Otra discusión que está relacionada con tema es sobre el abastecimiento del agua potable, que se ha convertido en una de las polémicas de la transición. El gobierno de Luis Lacalle Pou firmó el contrato para la megaobra para el agua potable, que tiene objeciones de la administración entrante.
Se trata del Proyecto Neptuno, en Arazatí (San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.
En el comunicado con la noticia de la firma, el Poder Ejecutivo recordó la sequía que casi deja sin agua potable a la capital uruguaya. “Conviene recordar la crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua. El proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y en el área metropolitana”, argumentó. En una conferencia de prensa, Yamandú Orsi señaló que le pareció inoportuno que se firmara el contrato.
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