
En medio de denuncias de sobornos y presiones del Gobierno para forzar su aprobación, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados dio luz verde a un contrato para la producción de litio con una empresa china en el salar de Uyuni (suroeste).
La comisión había comenzado a debatir el proyecto la tarde del jueves con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, que defendió el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited, explicó el alcance del proyecto y los beneficios que traerá para el país.
Tras horas de debate y un cuarto intermedio de varias horas, el proyecto de ley que valida el “Contrato de Servicios para la Producción de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí” fue aprobado por mayoría absoluta (con cinco votos del oficialismo y tres de la oposición) en la madrugada del viernes.
Organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición rechazaron la aprobación de este acuerdo porque lo consideran perjudicial para la economía del país. El ex presidente Carlos Mesa expresó en su cuenta de X su preocupación por el avance del proyecto que “contiene serios vicios de inconstitucionalidad, es ampliamente desfavorable a los intereses de nuestro país, entrega el control de un recurso estratégico y pone en riesgo la seguridad medioambiental”.

Según el diputado Miguel Roca, el principal cuestionamiento tiene que ver con la autonomía que tendrá la empresa china que según el acuerdo podrá decidir sobre compras, contrataciones y gastos sin un control efectivo del Estado boliviano. Adicionalmente los costos de inversión serán devueltos con una tasa de interés del 12%, superior a la de los créditos internacionales. “Los chinos deciden cuánto y en qué gastar, y luego los bolivianos tenemos que pagar el 100 % de lo que gasten ellos con el 12 % de interés y encima les vamos a tener que pagar el 17 % de su tecnología”, manifestó.
La aprobación del acuerdo también generó malestar en el Comité Cívico de Potosí, región donde está ubicado el salar de Uyuni, que rechazan recibir el 3% de las regalías que genere la explotación del litio, un monto que consideran insuficiente. El ex presidente de esa organización, Marco Pumari, llamó “vende patrias” a los legisladores que aprobaron la ley y convocó a la ciudadanía a salir a las calles para “defender” el litio de “manos de transnacionales, mediante contratos desleales y perjudiciales”.
En medio de las críticas al acuerdo también surgieron denuncias de irregularidades, restricciones de acceso y falta de transparencia en el proceso de votación, además de sobornos a los parlamentarios que aprobaron el contrato. El diputado Roca manifestó que la sesión fue reinstalada sin previo aviso para evitar el debate del proyecto y que hubo pagos de hasta 10.000 dólares por voto, una denuncia que fue rechaza por los legisladores que favorecieron el acuerdo y lo conminaron a demostrar con pruebas su acusación.

Ante las críticas, el oficialismo pidió que las observaciones se basen en cuestiones técnicas y “no políticas”, a la vez que defendió el contrato que considera que impulsará la explotación del recurso natural y que además atraerá inversión extranjera.
El Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología EDL de extracción directa con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio, esta última invertiría cerca de 970 millones de dólares y aún está pendiente de aprobación. Para que se ejecuten ambos proyectos, la Asamblea Legislativa debe aprobarlos.
Según YLB, Bolivia posee la primera reserva mundial de litio al haber pasado con 23 millones de toneladas.
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