La Fiscalía de Bolivia dejó en manos de la Policía la detención de Evo Morales: “Nosotros hemos cumplido”

La Fiscalía General de Bolivia ha pasado el asunto de la detención del ex presidente Evo Morales a la Policía después de que emitiera la orden correspondiente tras declararle en rebeldía por no presentarse en dos ocasiones ante los juzgados para comparecer por un caso de presunto abuso de menores en 2016.

“Nosotros hemos cumplido. Hemos ido a la audiencia, hemos pedido la rebeldía. Ahora ya ejecutar cualquier orden de aprehensión es un trabajo netamente de la Policía Boliviana”, ha explicado este jueves el fiscal general, Roger Mariaca.

El fiscal ha explicado que la demora se debe al recurso de apelación presentado por la defensa de Morales. La Justicia, ha dicho, podría tomar una decisión sobre la misma entre este jueves y el viernes, según informa el diario Los Tiempos.

Desde septiembre de 2026, la Justicia investiga un presunto abuso que Morales habría cometido cuando era presidente sobre una joven de 16 años, del cual nació una niña. El padre de la supuesta víctima fue detenido, no así la madre, que sigue desaparecida. La investigación apunta que se habrían beneficiado políticamente.

Morales se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, quienes ya han advertido a las autoridades de que defenderá al ex presidente de cualquier intento para detenerle.

La semana pasada, el fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, afirmó que insistiría para que la Policía ejecute la orden de captura.

“Vamos a insistir, seguramente existen algunos percances, algunas incomodidades y falencias que hacen que la Policía no pueda ejecutar la captura, pero ya el trabajo está en sus manos”, dijo el fiscal Mariaca, en una conferencia de prensa en Sucre, la capital constitucional y sede del Órgano Judicial de Bolivia.

El juez a cargo del caso, Nelson Rocabado, declaró en “rebeldía” a Morales el 17 de enero y emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, la que ahora está vigente y deja sin efecto la emitida por la Fiscalía el 16 de octubre de 2024, cuando se abrió la investigación por el delito de trata agravada de personas.

Hasta la fecha la Policía no ha cumplido con la orden de captura del ex mandatario.

El fiscal general precisó que el Ministerio Público ha insistido de una manera “recurrente” para que la Policía informe las razones por las que no da cumplimiento con la orden de captura.

“Nosotros podemos colaborar, si la comisión de policías identifica un inmueble en el cual se encuentra supuestamente esta persona, (puede) solicitar el mandamiento de allanamiento y ahí puede participar el Ministerio Público”, explicó Mariaca.

El abogado de Morales presentó certificados médicos que indican que el político sufre un cuadro de bronconeumonía y que esa es la razón por la que no compareció ante el juez. Sin embargo, Rocabado no validó las certificaciones porque indicó que no fueron presentadas a tiempo.

Después de que el juez Rocabado verificara su inasistencia a la segunda audiencia, lo declaró en “rebeldía” y también dispuso su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes y cuentas bancarias.

Morales sostiene que el proceso por trata agravada de personas es “político” y tiene como objetivo “eliminarlo” de la carrera presidencial de cara a los comicios que deben realizarse este año.

El ex líder del Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en que está habilitado para ser candidato, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de finales de 2023 declaró que la reelección en Bolivia se aplica “por una sola vez” de forma continua o discontinua. Esta resolución fue refrendada por un fallo constitucional en 2024.

El proceso por trata de personas agrava la relación entre Arce y Morales, distanciados desde finales de 2021 debido a las diferencias con respecto a las decisiones del Gobierno y la elección de un candidato presidencial para el gubernamental MAS.

(Con información de EP y EFE)