Transición en Uruguay: gobierno informó que el Estado enfrenta cinco juicios internacionales

Los juicios internacionales que enfrenta el Estado uruguayo fueron uno de los temas técnicos de la transición entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y el de Yamandú Orsi, que asume el 1° de marzo. El intercambio de información ha estado marcado por algunas polémicas –la falta de datos o las diferencias en algunos temas–, pero en torno a las demandas internacionales hay una única línea. El futuro prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que en este tema Uruguay ha logrado una “política de Estado”.

La reunión de Díaz fue con el actual secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el objetivo del encuentro fue hacer lo mismo que sucedió en 2020, como recuerda La Diaria. Ese año, Miguel Ángel Toma, funcionario del gobierno de Tabaré Vázquez, se juntó con Ferrés para informarle sobre las demandas internacionales que deberá afrontar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

El gobierno actual le entregó a Díaz un documento con la información sobre el estado actual de todos los arbitrajes internacionales entablados contra Uruguay y él aseguró que, en términos generales, “no hay sorpresas” con la información recibida.

La “verdadera política de Estado” está instalada en Uruguay desde que el país la tabacalera Philip Morris demandó a Uruguay por presuntos perjuicios derivados de la normativa restrictiva al tabaco que impulsó el primer gobierno de Vázquez. El tribunal internacional le terminó dando entonces la razón a Uruguay.

Díaz destacó que antes la estrategia de los juicios internacionales estaba en la Cancillería, pero desde entonces pasó a Presidencia, algo que él ve como positivo.

“Hay una serie de pasos y protocolos que se han seguido en el gobierno anterior, en este gobierno y que seguramente los vamos a seguir en el gobierno entrante, porque han demostrado ser exitosos”, dijo el futuro prosecretario de la Presidencia.

Hay cinco juicios internacionales contra Uruguay, aunque dos están vinculados al mismo tema: la demanda entablada por la minera Aratirí, de capitales indios, que tuvo en Uruguay un proyecto de explotación a cielo abierto. La compañía reclama más de USD 3.500 millones en un proceso judicial que inició en 2018, durante el segundo gobierno de Vázquez.

Otro de los casos abiertos, aunque está terminando, se refiere a la aerolínea uruguaya Pluna, que cerró en 2012. “Según se nos informó, hubo un acuerdo transaccional que se estaría liquidando en estos días”, detalló Díaz.

Este acuerdo implica que próximamente el Estado uruguayo realice “los pagos”. “Seguramente en los primeros días de febrero se van a hacer los pagos. Hay un monto establecido, ese monto una vez que se abone se hará público. No hay ningún secreto respecto de ese punto, no les digo la cifra ahora porque no me la acuerdo de memoria, pero hay una transacción que finalmente estaría en condiciones de cumplirse y que el Estado uruguayo va a cumplir”, señaló el futuro jerarca.

El cierre de Pluna había provocado una demanda de la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holding (Larah), por un supuesto incumplimiento del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Panamá. La demanda inicial fue presentada en 2019 y pedía un total de USD 860 millones. A principios de 2024, en tanto, Uruguay fue condenado a pagar USD 30 millones más intereses.

Hay otros dos arbitrajes internacionales que recién se están iniciando, detalló Díaz, y prefirió no adelantar los detalles.

Uno refiere al acuerdo alcanzado entre Uruguay y la empresa belga Katoen Natie, por la concesión del Puerto de Montevideo. Los accionistas de Montecon –otra de las empresas que opera en la terminal de la capital uruguaya– iniciaron una demanda con el argumento de que el Estado uruguayo incumplió los tratados de inversión que tiene con Chile y Canadá. De forma preliminar, fijó el monto de la demanda en USD 600 millones.