La minera Aratirí -filial local del grupo Zamin Ferrous- explora desde hace dos años un área de 120 mil hectáreas en busca de hierro, cuyo precio aumenta sin cesar debido a la demanda de los países asiáticos.
El gobierno aún no autorizó el inicio de la extracción y pidió un nuevo informe de impacto ambiental, pero las actividades de Aratirí ya generaron resistencia entre los habitantes de Cerro Chato, en el centro-este del país. En Uruguay, el subsuelo es propiedad del Estado, por lo que los dueños privados de la tierra no pueden negarse a permitir la exploración si esta fue autorizada.
Esto genera quejas de los propietarios, que aseguraron que algunos campos, en los que se permitió el acceso de la empresa, fueron "destrozados" por el paso de los camiones y las perforaciones, que provocaron daños a las pasturas, claves para la actividad ganadera.
Julio Gómez, vocero de los productores, aseguró que el proyecto es "desmesurado" para el tamaño del país (176.215 km²) y "altera seriamente el equilibrio ambiental que existe desde hace más de 200 años en esta zona". "El suelo va a quedar totalmente degradado y no va a servir para nada", agregó.
Con una inversión prevista de 2.500 millones de dólares, la mayor en la historia del país, el plan incluye un mineroducto de 200 kilómetros hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa. Estos otros dos proyectos también son cuestionados por los ecologistas, preocupados por el impacto que pueden tener sobre áreas protegidas y la zona costera, básicamente dedicada al turismo.
Voces a favor
Entre los 4.500 habitantes de Cerro Chato, no todos se oponen a las actividades de Aratirí. Muchos celebraron la llegada de empleos y el aumento del movimiento comercial en la zona.
"Muchos que nos teníamos que ir del pueblo y venir cada 20 días, hoy estamos todos los días, trabajando ocho horas, con un salario bastante más digno del que cobrábamos como empleados rurales", afirmó Francisco da Silva, trabajador de la empresa.
"Ésta es una de las zonas más atrasadas que tiene el país. Mientras estos emprendimientos vengan y cumplan con todos los requerimientos que pide el Estado, es muy positivo", añadió.
La empresa afirmó que la inversión generaría 3.000 empleos en promedio durante la construcción y 1.500 en la etapa operativa, entre la terminal portuaria y la zona minera.
Según Santiago Sotuyo, responsable logístico del proyecto, representaría ingresos por 500 millones de dólares anuales al Estado, equivalente a 1,5% del PIB.
Este jueves, el presidente José Mujica declaró que su gobierno no puede "laudar el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles".
Además, lamentó que la Constitución del país no contemple un mecanismo de consulta popular para poder zanjar esta discusión. "Uruguay no tiene el plebiscito consultivo, donde los gobiernos están en condiciones de hacerles preguntas a la nación y a partir de eso tomar las decisiones. Temas de semejante gravitación debieran contar con este tipo de mecanismos", afirmó.
El mandatario aseguró que buscará "la forma de ampliar la participación en esa discusión" y agregó: "tendremos que tomar una decisión, pero que incluya los pareceres de la mayor cantidad de gente posible".
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