Un grupo de 55 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos emitieron un pronunciamiento dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Comité de Debates, rechazando una de las preguntas realizadas en el primer debate presidencial.
La interrogante, vinculada al eje de seguridad y prevención del crimen, provocó una fuerte polémica por ser considerada inconstitucional, estigmatizante y contraria a principios internacionales de protección a la niñez.
La pregunta en cuestión planteó: “¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?”. Según el pronunciamiento, la inclusión de esta interrogante en el debate contraviene la Constitución ecuatoriana, la Doctrina de la Protección Integral de la niñez y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las organizaciones firmantes señalaron que el planteamiento refleja una postura punitivista que criminaliza a niñas, niños y adolescentes, perpetuando estereotipos que afectan particularmente a quienes viven en condiciones de pobreza, exclusión o marginación.
“En vez de propiciar un abordaje apegado a principios jurídicos y la garantía de derechos, la pregunta no hizo más que replicar los discursos estigmatizantes que criminalizan a las niñeces y adolescencias empobrecidas, racializadas y marginadas, a la vez que promovió una postura ideológica alineada a ese pensamiento, demostrando falta de imparcialidad por parte del CNE”, se lee en el comunicado. Además, calificaron la pregunta como “impropia, impertinente e irresponsable”, particularmente en el contexto reciente de la desaparición forzada de cuatro niños en el barrio de Las Malvinas, en Guayaquil. Según indicaron, estos menores fueron tratados como delincuentes sin pruebas y perfilados racialmente, lo que ha generado indignación en la sociedad.
El pronunciamiento destacó que, en lugar de abordar los factores estructurales que contribuyen a la inseguridad, la pregunta promovió una narrativa estigmatizante que desvía la atención de los verdaderos detonantes de la crisis: “Penosamente, ninguna respuesta se enfocó en el problema real y central, que es la infame explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes por parte de las organizaciones delictivas, que se aprovechan de los numerosos factores que los torna extremadamente vulnerables a los procesos de reclutamiento o utilización para fines ilícitos, a vista y paciencia del Estado”, se indica.
Las organizaciones también cuestionaron la metodología empleada para diseñar el debate y seleccionaron a los expertos encargados de formular las preguntas. Criticaron la falta de transparencia y diversidad en este proceso, lo cual, según ellas, genera dudas sobre la imparcialidad del CNE. “La falta de transparencia y diversidad en este proceso genera dudas sobre la imparcialidad del CNE y su rol en la garantía de un debate justo y plural”, subrayaron.
El documento también denunció que la pregunta permitió a los candidatos exponer propuestas basadas en “discursos arcaicos de mano dura” que apelan a medidas regresivas en materia de derechos, como la pena de muerte (abolida hace más de un siglo en Ecuador) o el debilitamiento de garantías judiciales.
Asimismo, señalaron que al plantear esta pregunta, el CNE y el Comité de Debates “ignoraron el sufrimiento de los niños y sus familias” en el caso de Las Malvinas, contribuyendo a justificar “la violencia ilegítima y la impunidad de las fuerzas estatales”. Según las organizaciones, el enfoque elegido por las autoridades para este eje temático del debate perpetúa un discurso simplista y punitivista, en detrimento de un análisis profundo y serio sobre la crisis de seguridad que afecta al país.
De cara a una eventual segunda vuelta electoral, las organizaciones exigieron al CNE que garantice la inclusión de representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en el diseño del debate. Asimismo, pidieron que las preguntas y los ejes temáticos reflejen la diversidad de opiniones y las preocupaciones reales de la ciudadanía. “Exigimos que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse”, concluyeron.
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