
El último informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua reporta que al menos 25 simpatizantes sandinistas se encuentran en prisión por expresar críticas en privado contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El Mecanismo reconoce la existencia de al menos 25 personas trabajadores del estado y simpatizantes del partido de gobierno que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas. Claro reflejo que la dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas”, expresa una nota de prensa publicada esta semana por el organismo que monitorea la situación de los presos políticos en Nicaragua.
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Los detenidos son parte de las purgas que ha emprendido Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, contra quienes considera puedan ser obstáculos en su proceso de control del régimen que gobierna a Nicaragua, asegura un miembro del llamado Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
“Podemos afirmar que la causa es porque han expresado, en la mayoría de los casos en privado, alguna molestia o crítica al régimen y, en el proceso de consolidación e imposición de la autoridad de Rosario Murillo, han sido percibidos como posibles o futuros disidentes”, dice la fuente que solicita anonimato por seguridad.
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De los 25 simpatizantes sandinistas que el Mecanismo registra con nombres y apellidos, “la totalidad permanecen en prisión sin recibir visitas, y solo un grupo mínimo recibe paquetería mensual”.
Entre los casos más destacados se encuentra un grupo de diez personas vinculado a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, y denominado “La Comuna” por el nombre del grupo de WhatsApp al que pertenecían, en el que comentaban y debatían temas políticos.
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Los miembros de “La Comuna”, Carlos Fonseca Terán incluido, fueron apresados el 26 de julio pasado en una redada ejecutada por el régimen como consecuencia de las críticas expresadas en el grupo de WhatsApp contra la forma con que se maneja el gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ocho de los miembros de La Comuna fueron acusados en agosto por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado.
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Carlos Fonseca Terán, quien no fue acusado formalmente, pasó recientemente a régimen de “arresto domiciliar”, se conoció extraoficialmente.
“Los muchachos de La Comuna están bajo la influencia de Carlos Fonseca Terán, quien siempre ha sido un autor incómodo para Rosario Murillo”, señala la fuente del GREX.
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Otros de los funcionarios detenidos pertenecían al círculo cercano a la magistrada Alba Luz Ramos, la aún oficialmente presidenta de la Corte Suprema de Justicia, alejada de sus funciones y caída en desgracia tras el asalto que ordenó Murillo sobre ese poder del Estado en octubre de 2023.
La lista del Mecanismo incluye también a Steadman Fagoth, líder indígena y asesor presidencial para políticas de pueblos originarios, quien fue apresado por el Ejército de Nicaragua el 14 de septiembre de 2024, un día después de que medios locales difundieran unas declaraciones en las que Fagoth denunció el impacto ambiental que produce la invasión masiva de “colonos” (no indígenas) fuertemente armados al Caribe, en complicidad con las autoridades del Estado.
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Según un comunicado del Ejército, la detención del líder indígena se produjo porque se “conoció información sobre planes preparados por el ciudadano Steadman Fagoth Müller, para la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, procedente de Honduras que pretendían sustraer armamento orgánico de la institución en los puestos militares ubicados sobre la ribera del Río Coco”.
Entre los simpatizantes sandinista detenidos se encuentra también el ex jefe de escoltas de Daniel Ortega, comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés; la compañera de vida del fallecido general y hermano del dictador, Humberto Ortega Saavedra, Angélica Chavarría; y el comisionado general en retiro Adolfo Joel Marenco Corea, ex subdirector de la Policía Nacional y jefe de investigación y de inteligencia política detenido en enero de 2023.
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Uno de los sandinistas de la vieja guardia encarcelados es Jorge “El Cuervo” Guerrero, de 81 años, quien fue detenido el 16 de julio de 2024, acusado de corrupción. Guerrero es un viejo compañero de Daniel Ortega en la guerrilla y una de las pocas amistades que conserva el dictador nicaragüense.
Esta semana, la plataforma informativa 100 por Ciento Noticias aseguró que también estaría detenido el antiguo asistente personal de Rosario Murillo, Carlos Mejicano, quien permaneció tres semanas recluido en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, y ahora se encuentra en régimen de arresto domiciliar, según confirmaron al medio.
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La plataforma100% Noticias afirma que desde hace un año “el régimen andaba investigando a todos sus funcionarios y partidarios que están cerca de Ortega y Murillo. Les instalaron micrófonos en sus vehículos, oficinas y viviendas para monitorear el nivel de lealtad”.
Estas purgas, dice a su vez la fuente consultada por Infobae, “son medidas anticipadas (de Rosario Murillo), para cortar de raíz cualquier disidencia, que pueda estorbar su camino para imponerse definitivamente como la figura política más relevante en Nicaragua, ante un Daniel Ortega, enfermo y decadente”.
“El temor de perder el poder está presente y cuando tenés temor, generás una hipersensibilidad y una suerte de paranoia en todo lo que está alrededor”, dice el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez para explicar las purgas que ha emprendido Rosario Murillo entre el núcleo de personas que se declaraban leales a Daniel Ortega.
“Rosario Murillo se sostiene sobre su propio circuito de lealtad”, añade Gutiérrez, y por ello está empeñada en destruir “el circuito anterior a ella, que es leal a Daniel Ortega y al partido (Frente Sandinista)”.
La lista de simpatizantes sandinistas detenidos es independiente de los 48 presos políticos del régimen que registra hasta ahora el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.
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