La Fiscalía de Bolivia informó que existe una nueva orden de aprehensión contra el ex presidente Evo Morales y anunciaron que pedirán su detención preventiva por seis meses por una investigación por los delitos trata y estupro. “Se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública”, aseguró la noche del lunes Róger Mariaca, fiscal general del Estado.
Horas antes, la fiscal asignada al caso, Sandra Gutiérrez, anunció que se hizo la imputación formal contra el líder cocalero, que se activó una alerta migratoria y que el 16 de octubre se emitió una nueva orden de captura que no pudo ser ejecutada por los bloqueos realizados por sus seguidores, aunque la protesta se levantó el 6 de noviembre.
Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), los agentes de inteligencia indicaron: “Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución de una orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos, particularmente en la región de Villa Tunari y Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), considerada un bastión de apoyo al exmandatario, los riesgos principales incluyen confrontación y seguridad de los funcionarios”.
En tanto, los abogados de Morales han manifestado que su defendido no fue notificado y que ellos se enteraron de la imputación por los medios de comunicación. “Lo único que sé, es que (Morales) no fue notificado y lo que estaba viendo ahora es que la misma Fiscalía reconoce que no han notificado supuestamente por los bloqueos, que han cesado hace más de un mes”, manifestó Wilfredo Chávez, abogado de Morales y ex Procurador General del Estado, ante la consulta de los medios.
A finales de septiembre ya se había ordenado la aprehensión del líder cocalero pero la medida quedó sin efecto por un recurso legal interpuesto por sus abogados. Sin embargo, la investigación siguió su curso y el 11 de octubre fue convocado a declarar en la Fiscalía Departamental de Tarija pero no asistió. En su lugar llegó uno de sus abogados a presentar un memorial y justificó la ausencia alegando que no habían condiciones de seguridad.
La investigación
Según documentación oficial, Morales habría tenido una hija con una adolescente el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.
En la denuncia también se acusa a los padres de la víctima por supuesta complicidad y haberse beneficiado con cargos públicos durante la vinculación del ex presidente con su hija. El padre de la joven cumple detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos (Tarija), mientras que el paradero de la víctima y su madre se desconoce, el abogado de ambas informó que están en el país pero las autoridades creen que pueden haber escapado a Argentina. En todo caso, también se activó una alerta migratoria contra la madre, según informó la Fiscalía.
Hasta ahora, ni Morales ni nadie de su entorno ha negado la comisión del delito y han acusado al Gobierno de estar detrás con el objetivo de eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la justicia. Según la fiscal Gutiérrez, el ex mandatario enfrentará una pena de entre 10 y 15 años.
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