La OEA vigilará las elecciones judiciales en Bolivia, limitadas por tensiones políticas y recursos legales

El abogado uruguayo Edison Lanza, jefe de la misión, destacó que su labor no solo se enfocará en las elecciones del domingo, sino también en el “proceso de selección previo que determinó las candidaturas que el pueblo boliviano podrá elegir”

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Manifestantes protestan mientras se presentan enfrentamientos entre simpatizantes del presidente, Luis Arce, y del ex mandatario Evo Morales en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)
Manifestantes protestan mientras se presentan enfrentamientos entre simpatizantes del presidente, Luis Arce, y del ex mandatario Evo Morales en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció este miércoles que hará un seguimiento “integral” del proceso de las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el domingo en Bolivia y que su realización parcial, en algunas regiones del país, también será un tema “que va a ser abordado”.

El abogado uruguayo Edison Lanza, jefe de misión de la OEA, indicó a los medios que la observación “no solo es del proceso electoral” del domingo, sino también del “proceso de selección previo que determinó las candidaturas que el pueblo boliviano va a definir”.

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Lanza señaló que se tomarán en cuenta aspectos como “el escrutinio, la tecnología electoral que se va a aplicar, la participación de las mujeres en este proceso y las posibilidades que han tenido de igualdad o de participar”.

Bolivia elegirá el domingo 15 de diciembre a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (CM).

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Los comicios se efectuarán de forma completa tan solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, que son cuatro de las nueve regiones del país.

Mientras que en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán votar por los candidatos al TCP, asimismo en Beni y Pando tampoco se elegirán a los magistrados del TSJ.

Edison Lanza (EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo)
Edison Lanza (EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo)

La elección parcial de magistrados se debe a que algunas postulaciones se declararon desiertas debido a los recursos que presentaron algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento.

Consultado sobre ese punto, Lanza dijo que es un asunto que “va a ser abordado por la misión de la OEA” y que la delegación está “recabando información” con los distintos actores involucrados en este proceso y posteriormente se pronunciarán al respecto.

La misión de observación de la OEA se reunió de manera privada con el presidente boliviano, Luis Arce, con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene previsto encuentros con el TCP, TSJ, con candidatas y candidatos, y con organizaciones civiles.

El día de la elección, la delegación de la OEA centrará su actividad en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Sucre.

Al final de la visita la misión presentará un informe preliminar con conclusiones y recomendaciones.

Las diferencias entre el oficialismo y la oposición, además de los distintos recursos que presentaron los postulantes que no fueron seleccionados por el Parlamento impidieron que los comicios se realizaran en 2023.

Ante esto, los magistrados del Constitucional ampliaron el año pasado su mandato y el de los magistrados de las demás altas cortes, bajo el argumento de evitar un “vacío de poder”, pese a que su mandato finalizaba en los primeros días de enero.

Esto generó la protesta de la oposición y del sector del oficialismo liderado por el ex presidente Evo Morales (2006-2019), que realizó un bloqueo de caminos de 11 días exigiendo la renuncia de los jueces que prorrogaron sus funciones.

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo o en blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

(Con información de EFE)

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