La CIDH condenó la reforma constitucional en Nicaragua: “Consolida un régimen autoritario”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la reforma constitucional ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y advirtió que “consolida un régimen autoritario” en Nicaragua.

El pasado 20 de noviembre, el binomio ordenó modificar más de 100 artículos de la Constitución Nacional, en un intento por seguir aumentando su poder y control sobre todas las instituciones en el país, eliminando el principio de separación de poderes y sometiendo a una estricta vigilancia a los órganos Legislativo y Judicial, entre otras.

Así, si bien el documento da cuenta de un modelo de “democracia directa” con un “copresidente” y una “copresidenta” con mandatos de seis años, lo cierto es que los expertos de la CIDH señalaron que la nueva propuesta “consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los Derechos Humanos y principios democráticos”, que llevan años vulnerados.

A la par, los nuevos lineamientos refuerzan el control del binomio Ortega-Murillo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía, dos brazos clave a la hora de ejecutar sus políticas y sofocar a las voces disidentes que se alzan en señal de reclamo o descontento. Inclusive, oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo de ciudadanos voluntarios señalado por su participación en la persecución y violencia durante las protestas de 2018.

La iniciativa “asegura un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación, consolida un entorno de militarización y control social y, en particular, facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la ‘estabilidad de la República’ para reprimir a la oposición”, advirtió la CIDH al respecto.

En tanto, el organismo identificó la reducción y alteración de funciones de la Corte Suprema, la potestad del régimen para despojar arbitrariamente de su nacionalizad a civiles y la disminución de barreras para confiscar sus bienes como otros puntos alarmantes de la reforma, que dan cuenta de una falta de independencia cada vez mayor de todas las instituciones en el país y de una contravención constante a los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes, establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

“La reforma formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. La democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región”, remarcó en su escrito la Comisión.

Desde las protestas de 2018, cuando se agudizó la crisis política y social en Nicaragua, la CIDH manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación en el país y el avance del autoritarismo sandinista. Sus observaciones quedaron plasmadas en el informe “Concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho”, en el que, justamente, identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas en este tiempo.

Ante esta situación, que está cada vez más lejos de mejorar, el organismo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, para que intensifique sus esfuerzos por proteger los derechos del pueblo nicaragüense y trabajar por el retorno del orden democrático, mediante acciones concretas.

“La CIDH reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos humanos y seguirá monitoreando de cerca la situación en el país, al tiempo que mantiene su solidaridad con cada persona nicaragüense dentro y fuera del territorio nacional”, concluye el escrito.

(Con información de EFE)