El abogado argentino Darío Richarte presentó este martes una prueba clave en el marco de la denuncia que presentó en octubre de 2022 junto a un grupo de penalistas, en la que se acusa a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a otros 30 funcionarios, de delitos de lesa humanidad cometidos en las protestas de 2018.
La evidencia que se sumó al caso en las últimas horas contiene las declaraciones de Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense, con el medio RT, en las que confirma que durante las manifestaciones de aquel año -en las que la gente salió a expresar su descontento con el régimen- fue el propio binomio dirigente el que dio las instrucciones de sofocar violentamente a los manifestantes.
“El día de hoy, hemos introducido una prueba muy importante: la confesión de Francisco Díaz (...) En estas declaraciones, el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018″, mencionó Richarte en sus redes sociales, tras hacer la presentación formal ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inclusive, el abogado reflexionó acerca de si Díaz “habrá querido, con estas declaraciones, acumular prueba que en el futuro atenúen su responsabilidad penal”, aunque descartó que ello pueda ser posible.
El pasado 10 de octubre, el Policía brindó una entrevista al canal ruso RT -aliado de la dictadura- y aseguró que el organismo que dirige es “sandinista”, al igual que sus miembros, que son “militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional”. A continuación, tras dejar en claro su lealtad al binomio gobernante, mencionó que en 2018, en el contexto de las protestas, las fuerzas de seguridad se limitaron a cumplir la orden del “jefe supremo” de la Policía, que es Ortega.
“Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo (Daniel Ortega). La orden fue de nuestro jefe supremo, de reconcentrarnos hasta que -producto de ellos- el diálogo no funcionó, debido a la posición vandálica, golpista de esta gente”, comenzó diciendo.
Como consecuencia, agregó, “se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad, y que las familias nicaragüenses pudieran seguir trabajando en paz y con alegría”, para lo que concurrieron al uso de balas y violencia desmedida contra la población civil.
Inclusive, defendió su accionar y el de la dictadura al denunciar que, “como es sabido, el intento de golpe de Estado fue planificado, financiado y organizado por Estados Unidos con sus aliados internos, un sector de la Iglesia católica, empresarios, ONGs, en contubernio de los Estados Unidos de América”, todos actores con los que el régimen está enfrentado y persigue en la actualidad.
“Fuimos atacados por estos grupos golpistas terroristas, vandálicos, nos destruyeron decenas de unidades de la Policía, nos incendiaron unidades de transporte (...) y, lo más preciado, la vida, nos asesinaron a 22 policías (...) Eso en términos de la Policía pero, a nivel nacional, nos asesinaron a decenas de compañeros sandinistas. Les quemaron casas solo por el hecho de ser sandinistas, hospitales, centros de salud, buses, alcaldías, instituciones de nuestro buen Gobierno. Esa gente destruyó la economía del país”, siguió relatando en línea con la narrativa oficialista impuesta por la dictadura, que acusa al pueblo de atentar contra el orden común.
Tras conocerse sus palabras, el defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, comentó en diálogo con Artículo 66 que todo ello podría “ser utilizado en un proceso por crímenes de lesa humanidad”, tal como ocurrió este martes, aunque aseguró que, incluso sin sus declaraciones, es “sumamente claro el tema de la cadena de mando (en Nicaragua)”, y quedó más expuesto aún “constitucionalmente en 2014″, cuando por medio de una reforma, Ortega “sometió a la Policía Nacional y se puso como jefe supremo de la Policía”.
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