La justicia argentina abrió una investigación para determinar si el régimen de Daniel Ortega cometió delitos de lesa humanidad

La Justicia argentina inició ayer una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y otras autoridades del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de ese país para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Ortega, su pareja Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.

Al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.

Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma.

La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.

La denuncia, impulsada a partir de una nota publicada en Infobae sobre la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, retenido por el régimen de Ortega, apunta contra el presidente de Nicaragua, su vice, pero también menciona otros funcionarios.

Los otros denunciados son:

- Francisco Díaz Madriz. Es el suegro de Mauricio Ortega, hijo del matrimonio presidencial y, además, actual jefe de la Policía Nacional.

- Néstor Moncada Lau. Actúa oficialmente como asesor privado del presidente Daniel Ortega, pero también sería responsable de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la identificación de “disidentes”.

- Julio César Avilés Castillo. Ocupa el cargo de jefe del Ejército de Nicaragua y se lo señala como responsable de proveer armamento a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la “operación limpieza”.

- Oscar Mojica. Es General en retiro del Ejército de Nicaragua y ocupa el cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura.

- Gustavo Eduardo Porras Cortés. Se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional de la República y se le atribuye el control de los sindicatos y la organización de las movilizaciones masivas, incluyendo a los médicos y a los obreros, que cooperaron para la “recuperación” de las calles luego de las protestas de abril de 2018.

- Roberto López. Es director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Se le atribuye colaboración con Porras Cortés en la organización de la represión a las manifestaciones de abril de 2018.

- Oscar Valladares. Es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, y también forma parte de la planificación de las acciones represivas.

- Sonia Castro. Actuó como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y fue responsable de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas como consecuencia de su participación en las movilizaciones populares. También se le atribuye la responsabilidad por el despido de profesionales de la salud “acusados” de no hacer caso a la orden de no atención.

- Leonardo Ovidio Reyes Ramírez. Es el presidente del Banco Central de Nicaragua y actúa como instrumento de financiación de la familia Ortega - Murillo y de las operaciones criminales.

La denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py describe el contexto social y político que se vive en Nicaragua, al menos desde 2018. Y lo hace a partir de una serie de informes e investigaciones realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.

El relato cronológico arranca con las protestas callejeras que comenzaron en abril en 2018, a raíz de un intento de reforma del sistema de seguridad social. En abril de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de al menos 25 personas, decenas de personas heridas, lesiones a periodistas, y la salida del aire, por orden oficial, de cuatro canales de televisión que informaban sobre las protestas.

La represión estatal no cesó. A mediados de junio de ese año, la CIDH contabilizó 212 muertos, 1337 heridos, y unos 500 detenidos.

Un informe de Amnistía Internacional, titulado “Sembrando el terror”, describe una serie de etapas en la estrategia represiva del régimen de Ortega y considera que se llevaron a cabo “no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control”.

Otro informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentado ante el Consejo de Derechos Humanos entre febrero y marzo de 2021, agrega otro dato estremecedor: desde abril de 2018 más de 100.000 nicaragüenses solicitaron asilo en otros países.

En junio de este año, la CIDH relevó 355 muertos por los actos represivos del régimen. “Esta grave violación de derechos humanos, que es también un crimen de derecho internacional, hace referencia a las muertes causadas intencionalmente por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas compuestas por particulares que cooperen con el Estado o sean toleradas o consentidas por éste”, señala la denuncia presentada ante el juez Lijo.

Según la denuncia judicial, a la que tuvo acceso Infobae, el 28 de mayo de 2021, comenzó otra fase de la estrategia represiva del régimen sandinista. “Entre los elementos característicos de este período se destaca la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al Gobierno. Desde esa fecha hasta el 2 de agosto, más de treinta personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos. Entre las personas detenidas se encuentran 7 personas aspirantes a la presidencia, activistas políticos, figuras públicas de la vida política del país, ex trabajadores de organizaciones de la sociedad civil, líderes estudiantiles, representantes campesinos y periodistas, entre otros”, destaca la presentación firmada por los abogados Richarte y Pirota.

La presentación también resalta los ataques reiterados contra miembros de la Iglesia, y especialmente contra el obispo Rolando Álvarez, detenido el 19 de agosto. Ese mismo día fueron detenidos cuatro sacerdotes que serán juzgados, según anunció ayer la Justicia de Nicaragua, por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.

La semana pasada, Ortega arremetió contra la Iglesia Católica que dirige el papa Francisco: la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta”, y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su régimen.

La denuncia judicial radicada en Buenos Aires pide, entre otras cosas, que sean citados a declaración indagatoria los máximos responsable del régimen de Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares.

Como primera medida, el juez Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua y le pidió a la Cancillería argentina que “arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente”. También decidió agregar al expediente todos los informes de los organismos internacionales reseñados en la denuncia.

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