El ex presidente de Bolivia (2006-2019) Evo Morales, y líder del oficialismo, aseguró este martes frente a sus seguidores que va a “ganar esta batalla jurídica” y que hay 200 abogados dispuestos a defenderlo “gratuitamente”, tras recibir formalmente una citación a declarar por un caso por supuesta “trata de personas” y “estupro”.
Un grupo de policías de las Fuerzas Especiales bolivianas colocó una citación impresa en una de las casas del ex mandatario en la región de Cochabamba (centro), luego de que el fiscal general, Juan Lanchipa, lo citara a declarar el jueves 10 de octubre en la Fiscalía de Tarija (sur) junto a los padres de la supuesta víctima.
“Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales”, aseguró el ex presidente boliviano, quien remarcó que ya se defendió en el pasado de estas acusaciones. “Nunca me escapé”, dijo.
Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo; la víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el ex mandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
Morales se comparó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes de la región, después de conocer que la Fiscalía le había citado el 10 de octubre para declarar por este caso.
“El ‘lawfare’ es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”, protestó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) desde sus redes sociales.
Morales, en una conferencia de prensa en la región de Cochabamba, su bastión político y sindical, habló sobre la citación y dijo: “Me defendí frente a todos los presidentes. (Hugo) Banzer (1971-1978/1997-2001), ‘Tuto’ (Quiroga, 2001-2002), (Carlos) Mesa (2003-2005), (Víctor Ángel) Paz Estenssoro (1985-1989). Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender a Evo gratuitamente”.
La denuncia de estos posibles crímenes fue presentada el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno del actual presidente, Luis Arce, con quien mantiene una pelea por el control del MAS.
Por su parte, el presidente Arce dijo sobre las acusaciones contra Morales, que “no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación”. “A los niños no se les toca y esa es nuestra posición. No queremos que este tema se politice”, agregó.
“Ahora, después de la masiva Marcha para ‘Salvar Bolivia’, y para encubrir la grave crisis económica, Luis Arce y sus colaboradores utilizan el mismo caso con el que (Janine) Áñez (2019-2020) nos perseguía por un inventado estupro que fue rechazado por la Justicia hace varios años. El Gobierno persigue por razones políticas, criminaliza la protesta social e intenta encubrir la crisis económica”, escribió esta jornada Morales en su cuenta de la red social X.
Varias federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba dijeron que, tras conocer la citación a Morales, se “declaran en alerta máxima” y responsabilizan al Gobierno por cualquier “insurgencia, convulsión” si el ex presidente es capturado.
Morales alega que las denuncias son una “persecución política” en su contra para evitar que se presente como candidato presidencial en las elecciones generales de 2025.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana, llevó las acusaciones hacia Morales al campo de la política, mostrando su preocupación por la “campaña de lawfare” contra el líder del MAS.
(Con información de EFE y Europa Press)
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