El presidente de Bolivia, Luis Arce, volvió a enviar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas del referendo que plantea realizar sobre la subvención de los hidrocarburos y la reelección presidencial.
La convocatoria debía haberse realizado antes del 1 de septiembre para poder llevar a cabo la consulta junto con las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre. Sin embargo, por observaciones del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el procedimiento quedó fuera del plazo.
En una sorpresiva presentación, el Gobierno envió las preguntas reformuladas al organismo electoral y reactivó el procedimiento que, según los plazos que establece la Ley de Régimen Electoral, no coincidiría con la fecha de las elecciones judiciales porque se requieren 90 días para la organización de los comicios.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, confirmó la recepción de las preguntas el lunes por la mañana y dijo que fueron remitidas a la comisión técnica para su evaluación en base a tres criterios: imparcialidad, precisión y claridad. El plazo para dar una respuesta al primer mandatario es este miércoles. Si las preguntas no tienen observaciones, deben ser remitidas al TCP para que éste verifique su legalidad y determine los próximos pasos para la consulta popular.
Tahuichi también indicó que el referendo podría realizarse en enero, un mes después de las elecciones judiciales.
El investigador y expresidente del TSE, José Luis Exeni, indicó que “en ningún caso” la consulta podría realizarse en enero porque los procesos electorales tienen un calendario de 90 días y éste no podría sobreponerse al de las judiciales. “Las elecciones judiciales ya están convocadas y en marcha. No se puede ‘sumar’ un referendo a medio camino. Solo puede hacerse después de las judiciales y antes de la convocatoria en abril a las elecciones nacionales”, explicó a Exeni a Infobae.
Varios líderes políticos de la oposición han criticado la realización de este referendo anunciado a inicios del mes pasado. Sin embargo, el Gobierno lo ha defendido como una medida democrática. “Esta decisión no responde a cálculos electorales o ambiciones personales; por el contrario, prioriza el futuro del país, el bienestar de las próximas generaciones y de las familias bolivianas”, manifestó anteriormente el presidente Luis Arce.
Consulta por decreto
El referendo también ha sido cuestionado por la forma de su convocatoria. Las preguntas que se plantean abordan dos temas: las dos primeras interrogantes están relacionadas al levantamiento gradual de la subvención del diésel y la gasolina (que constituye uno de los mayores gastos públicos y que ha conducido en parte a la crisis económica que enfrenta el país) y la tercera tiene que ver con una interpretación constitucional sobre la reelección presidencial, y apunta a impedir la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2025.
La Constitución Política del Estado establece que se permite la reelección del presidente y vicepresidente del Estado por una sola vez de manera continua, pero no es explícita sobre la posibilidad de mandatos discontinuos. De aprobarse el veto para futuros mandatos discontinuos, Evo Morales quedaría fuera de la carrera presidencial de manera definitiva.
Sin embargo, esto implicaría una modificación constitucional para la cual el presidente no está habilitado. La CPE establece de manera inequívoca que las modificaciones parciales a la Constitución se pueden convocar por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por iniciativa popular con el 20% del padrón electoral. En ningún caso se menciona una convocatoria a referendo para modificación constitucional por decreto, como pretende hacer el Gobierno.
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