El potencial de una reforma judicial en México ha generado gran incertidumbre entre empresas estadounidenses, las cuales están retrasando inversiones cuantiosas en el país mientras se evalúan las posibles repercusiones.
Con el respaldo de una mayoría legislativa obtenida en las elecciones de junio y efectiva a partir del 1 de septiembre, la reforma judicial es parte de los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador por consolidar su visión política antes de finalizar su mandato el próximo 30 de septiembre de 2024.
Desde que asumió el cargo, el mandatario ha mostrado una postura nacionalista que incluye la cancelación de proyectos significativos como la construcción de un aeropuerto y la imposición de cambios en industrias clave como la energética.
La reforma de López Obrador, que durante sus seis años en el poder ha mostrado resistencia a las empresas extranjeras, afectaría industrias claves como la tecnología de la información, la manufactura automotriz y la infraestructura de gas natural, entre otras.
Representantes de Global Companies in Mexico, conformada por unas 60 grandes empresas estadounidenses como AT&T, FedEx y General Motors, estiman que alrededor de 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión extranjera en sectores como tecnología de la información y manufactura automotriz, corren riesgo. Advierten que la iniciativa podría comprometer las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previstas para 2026.
El impacto potencial de la reforma ha generado que la mayoría de las empresas internacionales pospongan sus inversiones hasta que haya mayor claridad. “Esperamos que los inversores presionen el botón de pausa en relación con las inversiones importantes en el país al menos hasta octubre o noviembre”, declaró Morgan Stanley en un informe reciente, citado por el The Wall Street Journal.
La reforma judicial de AMLO
La reforma judicial introducida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propone cambios significativos como la elección popular de los magistrados y la creación de un nuevo tribunal disciplinario. Este tribunal estaría compuesto por miembros elegidos democráticamente, lo que ha causado alarma por la posible politización de la justicia.
A nivel interno, la propuesta ha sido recibida con protestas: jueces y trabajadores de tribunales han salido a huelga, y manifestantes han bloqueado el acceso al Congreso. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en una sesión extraordinaria, y ahora se esperan los votos del Senado.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México argumenta que estos cambios violarían las provisiones del T-MEC, las cuales exigen magistrados independientes. Además, la jefa de la Suprema Corte, Norma Piña, y otros magistrados han expresado que los cambios propuestos podrían violar los tratados comerciales internacionales de México.
El senador Ken Salazar, embajador estadounidense en México, enfatizó por su parte que la reestructuración del poder judicial, si no se realiza correctamente, “podría dañar seriamente la relación” entre ambos países.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sin embargo, ha intentado calmar las inquietudes de los inversores y diplomáticos afirmando que la reforma no afectará las inversiones extranjeras ni las relaciones comerciales.
Earl Anthony Wayne, ex embajador de EEUU en México, expresó que muchos ejecutivos estadounidenses están en espera de los resultados de la reforma antes de continuar con sus inversiones. Opinó que, de aprobarse tal como se espera, será difícil que México atraiga inversiones de relocalización necesarias para competir con China, crear empleos y combatir la pobreza.
“Es difícil imaginar un país que atraiga inversión extranjera o fomente la inversión interna cuando las condiciones mínimas de certeza jurídica no existen”, señaló Juan Luis González Alcántara, juez de la Suprema Corte de México, en declaraciones a The Wall Street Journal.
En el contexto de las preocupaciones sobre futuras inversiones, el valor del peso mexicano ha caído un 15% frente al dólar estadounidense desde que Sheinbaum ganó la presidencia. Un descenso que refleja la percepción de inestabilidad económica asociada a la posible reforma judicial y la incertidumbre electoral en Estados Unidos, según explicó Alejo Czerwonko de UBS Global Wealth Management.
Este ambiente ha llevado a que bancos y empresas prevean un aumento en los costos de arbitraje internacional debido a la necesidad de evitar los tribunales mexicanos. Además, la incertidumbre financiera podría limitar el crédito corporativo, según señalaron varios banqueros a The Wall Street Journal.
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